No fueron pocas las voces nacionalistas e izquierdistas que, con ocasión de la entrada de las Islas Canarias en la Unión Europea en 1986, advirtieron del riesgo que corría el archipiélago de sobrepoblarse, dada la expansión de los tratados de libre circulación de personas junto con el modelo productivo del turismo de masas.
Casi 40 años más tarde, como una suerte de profecía autocumplida, son estas mismas voces, a las que se le han unido otras tantas provenientes de los movimientos sociales canaristas, ecologistas y decoloniales, las que vienen advirtiendo que, si no se le pone freno a esta situación, las Islas Canarias serán muy pronto absorbidas por la vorágine del capitalismo salvaje, la desregulación neoliberal y la globalización del norte frente al sur.
Así, la población de las Islas Canarias en el 2000 era de algo más de 1.670.000 habitantes. 23 años más tarde, esta población se ha disparado hasta los 2.260.000, sin que se tenga en cuenta todas aquellas personas que residen de manera flotante en el archipiélago (como nómadas digitales o jubilados por temporadas), lo que supone un aumento del 35%. En este mismo tiempo, en un territorio con una extensión territorial similar a la nuestra, como es el caso de Euskadi, sólo ha crecido un 5%.
Con el ánimo de frenar actitudes xenófobas, racistas y aporófobas, se ha de destacar que, en su gran mayoría, esta población extranjera proviene de la Unión Europea (53%), frente a quienes llegan del continente latinoamericano (25%) o africano (10%).
Y basta echar un vistazo a las estadísticas oficiales para advertir que, mayoritariamente, son provenientes de países que superan con creces la renta per cápita de las residentes canarias, por lo que no se trata de personas que necesitan migrar por razones económicas o de fuerza, sino que lo hacen por motivos de placer, englobándose en este término las jubilaciones, vacaciones, segundas residencias, años sabáticos o el trabajo en remoto, o por enriquecerse, que encuadrarían las inversiones, el acceso a trabajos de alta cualificación o de temporada o el emprendimiento. Si bien en otros contextos estas prácticas pueden ser deseables, en las Islas Canarias está ocasionando un gravísimo perjuicio a las residentes canarias y a su territorio.
A día de hoy, si acudimos a un clásico portal web de alquiler, en la isla de La Palma hay 21 viviendas ofertadas de larga estancia, en Lanzarote son 58 y en Fuerteventura son 71. De los precios mejor ni hablamos. Las viviendas vacacionales, en cada una de estas islas, superan con creces las 1.000. En el caso de las capitales, el precio del alquiler de la vivienda se ha incrementado, con respecto a 2021, en un 14% en Santa Cruz de Tenerife y en un 13,5% en Las Palmas de Gran Canaria, ocasionando que el sobresfuerzo de las canarias para pagar la renta sea del 60%, cifra tan sólo superada por Euskadi.
Pero esta sobrepoblación y masificación turística de las islas no solo tiene impactos en materia de vivienda. En el caso de las islas de Lanzarote y Fuerteventura son constantes los cortes de agua en las viviendas de las personas residentes, que pudimos comprobar durante la pasada Semana Santa y que además ocasionan infinitas pérdidas en las huertas y granjas que con tanto esfuerzo sacan adelante sus propietarias, mientras que los campos de golf y los hoteles están completamente abastecidos. No resulta extraño, teniendo en cuenta que un turista consume entre el doble y el triple de agua que una residente canaria o que producen el 26% de los residuos que se generan en el archipiélago.
Lo mismo podría aplicarse a la saturación de la infraestructura diaria, que se reflejan en las largas caravanas formadas especialmente en las islas capitalinas, en el colapso de servicios públicos esenciales, como los sanitarios, educativos o sociales, o la grave amenaza que está suponiendo para el medioambiente de las islas, con motivo de los emisarios ilegales, la destrucción diaria de kilómetros de costa para hacer nuevos hoteles o la amenaza de numerosos animales en peligro de extinción.
Conscientes de ello, en Drago Verdes Canaria hemos propuesto una batería de medidas, vertebradas en torno a un eje de sostenibilidad económica, social y medioambiental, que resolverán los graves problemas generados por esta situación, que incluyen una moratoria turística, una tasa turística, una ley de residencia, la desclasificación de camas turísticas, la demolición de esqueletos y hoteles que hayan incumplido las leyes de ordenación del territorio o el fin de las campañas promocionales para que nómadas digitales o jubilados de la UE se instalen en el archipiélago, con el último objetivo de decrecer turísticamente.
Con esto no solo se posibilitará una mejora de las condiciones materiales de vida de nuestra población residente, sino diversificar nuestra economía hacia sectores que se han abandonado de forma consciente, como el industrial o el primario, así como apostar por nuevos modelos productivos que guardan relación con el empleo verde, la transición energética, las economías azul, naranja y circular, la soberanía alimentaria o la digitalización.
Luis de la Barrera Massieu
Abogado y candidato al Cabildo de Gran Canaria por Drago Verdes Canarias
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