La policía no se cree que millones de papeletas y miles de carteles se hallan imprimido gratuitamente por una serie de empresarios cercanos a la Generalitad. De ahí que la línea de investigación llevada a cabo por la policía judicial no se centre en la cuestión ideológica de celebración del referéndum, sino en la búsqueda de los canales de financiación de los preparativos.
Lo que ha llamado la atención de la investigación sobre los preparativos del 1 de octubre es que se realizaron encargos de impresión de papeletas, sobres, tarjetas y carteles, pero no había partidas presupuestarias correspondientes a esos encargos, aunque sí un ‘desajuste en las cuentas de la Generalitat por importe de 6,7 millones de euros.
Los indicios han sacadoa a relucir la existencia de subvenciones que llegaban desde el Gobierno a esos empresarios. Ahora es necesario comprobar es si esas subvenciones coinciden con los trabajos que luego pagaban los empresarios a las imprentas y si eran una manera de compensar el costo de los trabajos.
Unadelasempresas que se investiga es el del semanario ‘El Vallenc’, registrado por la Guardia Civil en Valls. Las pesquisas se dirigen a conocer si el alcalde de Valls y diputado de JxS, Albert Batet, encargó a través de ese semanario las papeletas a la imprenta, aprovechándose de que una hija del director del mismo es concejala en su localidad y está en su equipo de gobierno.
Otro de los conglomerados bajo sospecha es el grupo Hermés Comunicacions, que edita el diario ‘El Punt Avui’, además de tener la emisora Punt TV, en la que, curiosamente, trabaja Marcela Topor, esposa del ‘president’ Carles Puigdemont,empresa en la que el propio Puigdemont había trabajado varios años antes de dar el salto a la política. Asílosinvestigadores sospechan que dicha empresa podría haber recibido dinero para fomentar los preparativos del 1-O. Esos fondos pueden haber sido otorgados en forma de publicidad insertada o en forma de subvenciones, toda vez que está claramente alineado con las tesis independentistas. Por otrolado está la imprenta registrada en Constantí (Tarragona) controlada por Joan Bosch, propietario de este grupo de comunicación desde 1980 hasta 2012. Para esta empresa el Gobierno catalán no tiene ninguna partida destinada a la imprenta porn lo que se sospecha de que “los trabajos puedan estar liquidandose por otro lado, en forma de subvenciones a otras empresas que controlan las imprentas.
La policían ha puesto especial empeño en Unipost, la encargada de los servicios postales centralizados de la Presidencia de la Generalitat que en otoño de 2016, se vio agraciada con una ayuda pública de tres millones de euros, ya consumida antes de que, en julio pasado, presentase concurso de acreedores. Pero no son las únicas lineas de investigación. Los investigadores están mirando también las cuentas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural. De hecho, una de las líneas de investigación se dirige a dilucidar si a través de estas dos entidades se han podido sufragar gastos oficiales relacionados con el referéndum,así como las campañas de recaudación de fondos realizadas a través de las redes sociales, dirigidas en un principio a sufragar las multas a los condenados por el 9-N. Nadie sabe cuánto dinero se recaudó y a qué se destinó.
ANC, evacuó el pasado viernes todo el papel relacionado con el referéndum de sus instalaciones . Su presidente, Jordi Sánchez, dijo que ese material es para empapelar las calles catalanas y llamar a votar el 1 de octubre.
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