La Fiscalía del Supremo se ha hecho cargo de la investigación al rey por presuntos delitos cometidos después de 2014, cuando Juan Carlos abdicó y perdió la inviolabilidad que le venía protegiendo.
Estas son las diligencias que mantenía abiertas Anticorrupción por las supuestas comisiones irregulares cobradas en la construcción de la fase II del Ave a la Meca, entre las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.
Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el rey Emérito dejó de estar protegido por el artículo 56.3 de la Constitución española.