Francisco Lucas ha alertado de que esta adjudicación “nace legalmente muerta” porque solo hay que repasar el historial del proceso de licitación: la Intervención Delegada del Servicio Murciano de Salud detectó en abril defectos en la redacción del pliego de cláusulas; en julio, las empresas que venían prestando el servicio anunciaron que estudiaban recurrir el concurso, y en septiembre, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales anunció la suspensión del proceso de licitación.
“La respuesta de Ciudadanos a este tempestuoso concurso ha sido la de convertirse en cómplice del PP, impidiendo la labor de control sobre el Ejecutivo autonómico al negarse a que la Asamblea Regional investigue esta adjudicación, sin importarle que cualquier resolución jurídica en el futuro pueda dejar en el aire cientos de puestos de trabajo y la prestación de un servicio de primera necesidad para la ciudadanía, como es el transporte de pacientes a los centros de salud de toda la Región”, ha advertido el dirigente socialista al partido naranja.
Francisco Lucas también ha recordado el currículum de la actual adjudicataria de este contrato valorado en 304 millones de euros: “Es una unión temporal de empresas (UTE) formada por mercantiles de Galicia y de la Región, las primeras son desconocedoras de los protocolos de la sanidad murciana y en el caso de las segundas, pertenecen a un conocido grupo empresarial que contrata con la Comunidad Autónoma con demasiada frecuencia, pero lo peor de todo es que en este caso carece de cualquier experiencia en el sector del transporte sanitario donde resulta crucial la especialización”.