La Generalitat Valenciana y la Comunidad de Madrid han establecido una posición común para defender el agua como política de Estado y asegurar la igualdad de trato para el sector agroalimentario español. Durante una reunión entre el conseller Miguel Barrachina y el consejero Carlos Novillo, se destacó la necesidad de una política hídrica basada en criterios técnicos, seguridad jurídica y nuevas infraestructuras. Ambos gobiernos abogan por que los productos importados a la UE cumplan con las mismas exigencias que los europeos, buscando garantizar una competencia leal en el mercado. Además, se discutió la importancia de un Pacto Nacional del Agua que priorice la cooperación entre comunidades autónomas y contemple la modernización de infraestructuras.
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, se reunió este martes en Madrid con el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. El objetivo del encuentro fue establecer una posición común en torno a temas cruciales como la gestión del agua, la nueva Política Agraria Común (PAC) y la defensa del sector agroalimentario frente a la competencia desleal que representan los productos de terceros países.
Durante la reunión, ambos responsables coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación entre comunidades autónomas para asegurar una agricultura competitiva que garantice seguridad jurídica y condiciones equitativas para todos los productores. Barrachina enfatizó que tanto la Comunitat Valenciana como la Comunidad de Madrid comparten una visión clara: el agua debe ser considerada una política de Estado y es fundamental que el campo español no compita en desventaja frente a productos importados que no cumplen las mismas exigencias.
Barrachina destacó que los agricultores y ganaderos españoles operan bajo normativas muy rigurosas en aspectos como sanidad vegetal, bienestar animal y sostenibilidad. Por ello, reclamó que todos los productos que ingresen al mercado europeo cumplan con las mismas condiciones impuestas a los productores locales.
En este contexto, ambos consejeros discutieron sobre la posición común referente a la igualdad de trato y reciprocidad en los productos agroalimentarios importados a la Unión Europea. Esta postura fue impulsada por la Comunitat Valenciana y recibió el respaldo unánime de todas las comunidades autónomas el pasado 26 de marzo. Se envió al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su inclusión en las negociaciones estatales y posteriormente se presentó al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.
En lo que respecta a la gestión hídrica, Barrachina y Novillo coincidieron en la necesidad urgente de establecer una política nacional del agua fundamentada en el consenso y solidaridad entre territorios. Barrachina defendió que España requiere un Pacto Nacional del Agua serio y estable, alejado de intereses partidistas. Resaltó que el agua es esencial para garantizar cohesión territorial, seguridad alimentaria y competitividad empresarial.
Ambos responsables acordaron priorizar infraestructuras hidráulicas, modernizar redes existentes e impulsar iniciativas hacia la digitalización para reducir pérdidas. Además, subrayaron la importancia de avanzar en reutilización y regeneración del recurso hídrico, así como reforzar las capacidades ante sequías e inundaciones.
Barrachina también hizo hincapié en que cualquier normativa relacionada con el agua debe ser evaluada objetivamente y con transparencia. La participación activa de las comunidades autónomas, regantes y sectores productivos es crucial en cualquier reforma o planificación hídrica.
Finalmente, el encuentro sirvió para abordar aspectos relacionados con la nueva Política Agraria Común. Los consejeros coincidieron en que el próximo marco europeo debe considerar factores como la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, simplificación administrativa y apoyo a los agricultores frente a una creciente carga normativa.
El objetivo del acuerdo es establecer una posición común en defensa del agua y la igualdad de trato para el campo español, reclamando una política hídrica de Estado y condiciones equitativas para los productos agroalimentarios importados a la UE.
Se discute la necesidad de una política nacional del agua basada en consenso, planificación técnica, inversión en infraestructuras y solidaridad entre territorios, así como la participación de las comunidades autónomas y los sectores productivos afectados.
La reciprocidad es importante porque asegura que todos los productos que entran al mercado europeo cumplan con las mismas exigencias sanitarias, ambientales y de trazabilidad que los productos europeos, garantizando una competencia leal.
Los sectores estratégicos para la Comunitat Valenciana, como los cítricos, frutas, hortalizas y arroz, son especialmente afectados por la competencia desleal de producciones provenientes de terceros países.
Se proponen medidas como priorizar infraestructuras hidráulicas, modernizar redes, impulsar la digitalización, reducir pérdidas y avanzar en reutilización y regeneración del agua.