El Gobierno de Aragón ha solicitado la suspensión cautelar de la tramitación administrativa del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario. La vicepresidenta Mar Vaquero argumenta que esta medida es necesaria debido a posibles contradicciones legales y para proteger los intereses de la comunidad autónoma. La solicitud se enmarca en un recurso contencioso-administrativo contra un Real Decreto y busca evitar conflictos jurídicos que puedan afectar a España dentro de la UE.
La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha presentado este viernes las alegaciones del Ejecutivo autonómico sobre la posible incompatibilidad del Real Decreto que regula el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes con el Derecho de la Unión Europea. Esta acción responde a la providencia emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), que otorgó un plazo de cinco días a las partes para formular sus alegaciones.
Durante una rueda de prensa en el Edificio Pignatelli, acompañada por el director general de Servicios Jurídicos, Juan Pérez Mas, Vaquero anunció que el Gobierno aragonés no solo reafirma su postura favorable a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sino que también reitera su solicitud de suspensión cautelar del proceso administrativo hasta que se pronuncie el tribunal europeo sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho comunitario.
En las alegaciones presentadas al Tribunal Supremo, se argumenta que «cuando la norma cuestionada pueda resultar contraria al Derecho de la Unión Europea, los principios que informan dicho ordenamiento aconsejan especialmente la adopción de la medida cautelar». Además, se señala que si se acuerda la suspensión, «la reversibilidad de la situación es absoluta», ya que las solicitudes permanecerían pendientes mientras que «los intereses de los solicitantes únicamente se verían diferidos en el tiempo». Por otro lado, si prosigue la tramitación del proceso de regularización, «el interés público podría verse comprometido» debido a las cargas económicas y administrativas en áreas como lo social, educativo o sanitario.
Mar Vaquero destacó que el Gobierno de Aragón tiene «la obligación de defender los intereses» de su comunidad. Cuando una norma puede afectar a Aragón o generar dudas sobre su legalidad, «nuestra obligación es actuar». La vicepresidenta subrayó que defender Aragón implica asegurar que las decisiones del Gobierno central se tomen dentro del marco jurídico. Según ella, esto es fundamental para proteger a los ciudadanos y preservar el Estado de derecho.
Asimismo, Vaquero enfatizó que el cumplimiento de la ley «nunca puede ser una cuestión secundaria». Señaló cómo en ocasiones anteriores se ha observado una falta de respeto al principio de legalidad en las decisiones políticas del Gobierno español, lo cual pone en riesgo aspectos fundamentales como la democracia y los derechos ciudadanos. También recordó que las decisiones del Gobierno español tienen repercusiones para todos los socios europeos y que ser parte de la Unión Europea implica tanto derechos como responsabilidades.
Procedimiento judicial
Esta solicitud forma parte del recurso contencioso-administrativo interpuesto por los servicios jurídicos del Gobierno aragonés contra el mencionado Real Decreto, previa autorización del Consejo de Gobierno en su reunión del 22 de abril. En ese acuerdo se solicitó explícitamente la suspensión cautelar debido a una posible incompatibilidad con el Derecho comunitario.
El procedimiento incluyó una vista oral ante la Sección Quinta del Tribunal Supremo, donde los servicios jurídicos expusieron sus argumentos para justificar esta solicitud y señalaron la conveniencia de recurrir al mecanismo prejudicial establecido en el ordenamiento europeo.
La reciente providencia dictada ha permitido escuchar a todas las partes implicadas, incluida la Abogacía del Estado, sobre una posible vulneración del Derecho comunitario por parte del Real Decreto impugnado. Este paso es un requisito previo para que el Tribunal Supremo pueda plantear eventualmente una cuestión prejudicial ante el TJUE sin significar aún una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.
El Gobierno de Aragón ha solicitado la suspensión cautelar de la tramitación administrativa del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión.
Se considera que puede existir una contradicción entre la norma aplicada y el Derecho de la Unión Europea, lo que justificaría la adopción de medidas cautelares para evitar un conflicto jurídico.
Continuar con la tramitación podría comprometer el interés público y generar cargas económicas y administrativas en áreas como lo social, educativo, sanitario y vivienda, además del riesgo de un conflicto jurídico con las instituciones comunitarias.
La vicepresidenta Mar Vaquero ha afirmado que es obligación del Gobierno defender los intereses de Aragón y actuar cuando una norma puede afectar a su comunidad o suscitar dudas sobre su legalidad.
Se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que regula el proceso, solicitando también una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.