El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado un decreto que regula la organización y funcionamiento de los órganos colegiados de coordinación y participación en la Atención Temprana. Esta normativa busca mejorar la colaboración entre familias, profesionales y asociaciones, estableciendo una estructura organizativa alineada con el Plan Integral de Atención Temprana 2025-2029. Se actualizarán las funciones del Consejo de Atención Temprana y la Comisión Técnica para adaptarse a un nuevo marco normativo que promueve una atención más personalizada y eficaz. El decreto también facilitará una mejor coordinación entre administraciones y servicios, garantizando una atención de calidad a la infancia y sus familias.
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto que establece la organización y funcionamiento de los órganos colegiados responsables de la coordinación y participación en la Atención Temprana en Andalucía. Esta normativa, impulsada por la Junta de Andalucía, busca fortalecer la colaboración entre familias, profesionales y asociaciones a través del Consejo de Atención Temprana y la Comisión Técnica. Además, se crea una estructura organizativa que responde al primer Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía 2025-2029, con el objetivo de mejorar continuamente el servicio.
Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se prevé que ambos órganos colegiados se constituyan en un plazo máximo de seis meses para comenzar a desarrollar las competencias establecidas en este decreto. La Ley 1/2023, que regula la atención temprana en Andalucía, introdujo un nuevo marco normativo que promueve un modelo avanzado de respuesta universal y de calidad, asegurando una cobertura integral para esta población infantil. Por lo tanto, era imperativo actualizar la organización y funciones de estos cuerpos para alinearlos con el nuevo contexto jurídico, social y científico. El texto aprobado modifica así las funciones del Consejo y de la Comisión, previamente definidas en el Decreto 85/2016.
Entre los principios fundamentales establecidos por la Ley de Atención Temprana se encuentran el diálogo y la participación, considerados elementos esenciales del sistema. Se reconoce así el papel activo y corresponsable de terapeutas, familias y su entorno, incluyendo movimientos asociativos y agentes sociales y económicos. También se resalta la necesidad de una actuación coordinada entre los diferentes órganos de la Junta de Andalucía, instituciones y organizaciones profesionales involucradas. En este sentido, el Consejo actuará como garante de la coordinación interdepartamental, mientras que la Comisión ofrecerá apoyo técnico.
Con este decreto, se responde a la evolución del modelo de Atención Temprana en Andalucía, centrado en las familias y sus entornos. Este enfoque requiere estructuras formales que aseguren una adaptación real a las necesidades infantiles, promoviendo un modelo más cercano, personalizado y eficaz. Asimismo, esta regulación atiende las crecientes demandas sociales y profesionales ante una mayor conciencia sobre la importancia de la atención temprana.
La actualización regulatoria permitirá una colaboración ordenada entre diversas administraciones así como entre los servicios sanitarios, educativos y sociales. Esta coordinación es esencial ante la creciente complejidad de los casos tratados. Además, se prevé una mejora en la evaluación, control y transparencia del sistema de Atención Temprana en Andalucía, lo que facilitará una prestación más eficaz, coherente y con mayor calidad para todos los ciudadanos.
Se ha aprobado un decreto que regula la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados de coordinación y participación de la Atención Temprana en Andalucía.
El objetivo es impulsar la coordinación y participación de familias, profesionales y asociaciones en la Atención Temprana, así como establecer una estructura organizativa para mejorar el servicio.
Los órganos colegiados serán constituidos en un plazo máximo de seis meses tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Entre los principios rectores están el diálogo y la participación como elementos esenciales del sistema, reconociendo el papel activo de terapeutas, familias y su entorno.
Se espera una colaboración ordenada entre administraciones y servicios, mejorando la evaluación, control y transparencia del sistema, lo que permitirá una prestación de servicios más eficaz y de mayor calidad.