El Parlamento de La Rioja ha aprobado la Ley de Simplificación Administrativa, que transformará la administración pública en la región, haciéndola más ágil y eficiente. El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, destacó que esta norma reducirá la burocracia y mejorará la calidad de los servicios públicos. Entre sus medidas clave se incluyen el silencio administrativo positivo y plazos máximos para resolver procedimientos, así como la eliminación de duplicidades en permisos para empresas de otras comunidades. Esta ley es parte del Plan de Simplificación Administrativa 2025-2029 y busca fomentar la competitividad económica y modernizar la gestión pública en La Rioja.
El Parlamento de La Rioja ha dado su visto bueno, con un amplio respaldo, a la Ley de Simplificación Administrativa, Mercado Abierto y Calidad Normativa. Esta normativa establece un marco legal para una transformación profunda que busca posicionar a La Rioja como una de las comunidades más ágiles y eficaces de España. La ley promete revolucionar la operativa del sector público regional y su interacción con ciudadanos, empresas y operadores económicos, al reducir la burocracia y acelerar los trámites.
Durante el pleno, el presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, enfatizó que “una de las características de un buen Gobierno es facilitar procesos y eliminar obstáculos”, refiriéndose a la lentitud en los trámites administrativos que puede frustrar esfuerzos e inversiones. “Hemos trabajado en diálogo y rapidez, consultando al tejido productivo y respetando el principio de libertad para fomentar la competitividad”, añadió.
Capellán subrayó que esta legislación representa un avance significativo para toda la comunidad autónoma. “Hoy se aprueba una Ley que beneficia a la sociedad en su conjunto, al tercer sector y a cada uno de los riojanos. Es un salto cualitativo que permitirá agilizar procedimientos, ganar eficiencia y ofrecer servicios públicos de mayor calidad”, indicó.
La aprobación de esta ley marca un hito en la reducción de la carga burocrática y modernización de la gestión pública en el Ejecutivo regional. Más allá de ser un mero catálogo de intenciones, se trata de un marco jurídico robusto que promueve reformas necesarias para mejorar la competitividad económica, atraer inversiones y generar empleo.
La norma incorpora enmiendas propuestas por todos los grupos parlamentarios y culmina un proceso iniciado con el Plan de Simplificación Administrativa 2025-2029. Este plan ha sido desarrollado con la colaboración de entidades como la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF), constituyendo el mayor esfuerzo realizado hasta ahora en este ámbito.
La ley establece obligaciones concretas para asegurar su eficacia real, introduciendo medidas como el silencio administrativo positivo para acelerar resoluciones y un plazo máximo de tres meses para resolver procedimientos autonómicos. También se prevé generalizar declaraciones responsables en lugar de licencias previas, así como procedimientos que permitirán obtener documentos inmediatamente tras su solicitud.
Entre las novedades más destacadas se encuentra el modelo de mercado abierto, que permitirá a empresas de otras comunidades operar en La Rioja sin necesidad de duplicar permisos ya obtenidos. Esta medida busca eliminar barreras administrativas que encarecen procesos y obstaculizan la movilidad empresarial.
Además, se fortalecerá la transformación digital del sector público mediante nuevas funcionalidades en plataformas digitales que facilitarán el acceso a información administrativa. Esto incluye mejoras en sistemas estatales como CIRCE para simplificar la constitución electrónica de sociedades.
La Ley también integra compromisos alcanzados en mesas consultivas con actores relevantes del sector económico. Su aprobación representa un antes y un después en las relaciones entre ciudadanos y Administración autonómica. Las consejerías ya están trabajando en su implementación para lograr una administración más ágil, moderna y cercana, capaz de impulsar el crecimiento económico regional.
Es una norma que busca transformar la Administración en La Rioja, haciéndola más ágil y eficiente, reduciendo la burocracia y mejorando la calidad de los servicios públicos.
Los objetivos incluyen agilizar procedimientos, ganar eficiencia, reducir burocracia, generar confianza y ofrecer servicios públicos de mayor calidad.
Entre las medidas destacan el silencio administrativo positivo para acelerar resoluciones, un plazo máximo de tres meses para resolver procedimientos, y la generalización de declaraciones responsables en lugar de licencias previas.
La ley permitirá que empresas de otras comunidades operen sin necesidad de duplicar permisos ya obtenidos, eliminando barreras que encarecen procesos y dificultan la movilidad económica.
Se modernizará la administración electrónica con nuevas funcionalidades en la carpeta ciudadana y se facilitará la constitución electrónica de sociedades mediante interoperabilidad con sistemas estatales.
El desarrollo del texto normativo fue realizado con participación de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF) y otros sectores implicados.