El Gobierno regional ha solicitado al Ministerio de Igualdad garantías para proteger a las víctimas de violencia de género durante la transición entre el contrato actual y el nuevo de las pulseras antimaltrato. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, destacó en la Conferencia Sectorial que no se ha proporcionado suficiente información sobre cómo se evitarán interrupciones en el servicio, que expira el 6 de mayo. También expresó su preocupación por los fallos recientes en los dispositivos telemáticos que han comprometido la seguridad de las mujeres protegidas. Ruiz exigió transparencia sobre la licitación del nuevo contrato y los recursos necesarios para asegurar la continuidad del servicio. Además, criticó la decisión del Ministerio de exigir a las autonomías financiar parte del Plan Corresponsables sin diálogo previo, lo que afecta a programas esenciales para las familias.
El Gobierno regional ha exigido al Ministerio de Igualdad que se tomen medidas para garantizar la protección de las víctimas de violencia de género durante el periodo de transición entre el actual contrato de las pulseras antimaltrato y la nueva adjudicación. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, hizo esta reclamación en la reciente Conferencia Sectorial de Igualdad, señalando que el Ministerio no ha proporcionado información suficiente sobre cómo evitar interrupciones en el servicio.
Ruiz enfatizó que el contrato vigente expira el próximo 6 de mayo y que es crucial asegurar que los dispositivos antimaltrato continúen funcionando sin problemas. Además, subrayó la falta de claridad por parte del Ministerio respecto a si se han subsanado las deficiencias que llevaron a fallos recientes en estos dispositivos, los cuales han comprometido la seguridad de mujeres bajo protección.
La consejera insistió en la necesidad de conocer cuántas víctimas pudieron haber quedado desprotegidas debido a estos fallos y qué medidas se están implementando para evitar que situaciones similares se repitan. En este contexto, Ruiz solicitó mayor transparencia sobre el proceso de licitación del nuevo contrato, así como sobre los mecanismos destinados a garantizar la continuidad del servicio durante la migración tecnológica.
Asimismo, destacó la importancia del refuerzo de los recursos técnicos y humanos del sistema Cometa, encargado del seguimiento telemático. La falta de información al respecto dificulta que las comunidades autónomas puedan anticiparse y asegurar que ninguna mujer quede sin protección durante este cambio de proveedor.
Durante su intervención, Ruiz también expresó su inquietud por la decisión del Ministerio de exigir a las comunidades autónomas que asuman el 25 por ciento del coste del Plan Corresponsables. Para la Región, esto representa cerca de 1,7 millones de euros. La consejera lamentó que esta medida se haya impuesto sin un diálogo previo y consideró que supone un recorte significativo en programas esenciales para las familias.
El Gobierno regional reclama garantías firmes para asegurar la protección de las víctimas de violencia de género durante el proceso de transición entre el contrato actual de las pulseras antimaltrato y la nueva adjudicación.
La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, destacó que el Ministerio no ha ofrecido información suficiente sobre cómo evitará que el servicio de los dispositivos antimaltrato quede interrumpido a partir del 6 de mayo, cuando expira el contrato vigente.
Ruiz señaló que el Ministerio tampoco ha aclarado si se han corregido las deficiencias que provocaron fallos recientes en los dispositivos telemáticos, los cuales han comprometido la seguridad de mujeres protegidas por el sistema.
Se está reclamando transparencia sobre el estado de la licitación del nuevo contrato y sobre los mecanismos para garantizar la continuidad del servicio durante la migración tecnológica, así como un refuerzo en los recursos técnicos y humanos del sistema Cometa.
La consejera expresó su preocupación por la decisión del Ministerio de mantener la obligación de que las autonomías asuman el 25% de la financiación del Plan Corresponsables, lo cual representa un recorte significativo para programas esenciales para las familias.