La Xunta de Galicia ha expresado su preocupación por la falta de información y los defectos de forma en la reforma del Reglamento General de Costas, que el Gobierno central ha reconocido. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se reunió con el presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias para discutir la creación de un grupo de trabajo que formule alegaciones al anteproyecto. La Xunta critica que la propuesta ignora las competencias autonómicas y podría generar inseguridad jurídica, afectando a numerosas instalaciones en la costa. Además, se ha ampliado el plazo para realizar observaciones hasta el 15 de abril.
A Xunta de Galicia ha afirmado que el Gobierno central reconoce la falta de información y los defectos de forma denunciados en el proceso de reforma del Reglamento General de Costas. Esta declaración se produce tras la reciente comunicación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha enviado a las comunidades autónomas litorales la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) y ha ampliado el plazo para presentar observaciones al anteproyecto hasta el 15 de abril, cuando anteriormente finalizaba el 1 del mismo mes.
La rectificación del Gobierno central llega después de que la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, expresara su preocupación en una carta dirigida a la ministra, señalando los numerosos defectos en el procedimiento y la falta de información esencial para realizar aportaciones fundamentadas.
El Ejecutivo gallego ha lamentado que esta corrección se haya producido solo después de que Vázquez pusiera en evidencia en Bruselas que la propuesta no cumplía con la legislación española y desatendía las opiniones de las comunidades autónomas competentes. Es importante recordar que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, que no estaba incluida en el borrador inicial del real decreto, debe contener un documento de evaluación jurídica y un estudio sobre el impacto económico y presupuestario, elementos clave para realizar observaciones adecuadas.
En este marco, Ángeles Vázquez se reunió recientemente con Alberto Varela, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), donde propuso su participación en un grupo de trabajo creado para formular alegaciones al anteproyecto del Reglamento General. La conselleira enfatizó la importancia de contar con la colaboración de todos los sectores involucrados para frenar una modificación normativa que podría comprometer el futuro de diversas instalaciones en el litoral gallego.
A Xunta continúa su ronda de contactos iniciada el pasado 16 de febrero con agentes sociales y económicos interesados en la franja costera, tras conocer la consulta pública lanzada por el Ministerio. Este trámite representa el tercer intento por modificar la normativa sobre costas sin un debate adecuado.
Vázquez subrayó también la necesidad de analizar junto a los municipios las repercusiones que esta acción unilateral del Gobierno central tendría sobre Galicia, dado que más del 50% de su población reside en los 86 municipios costeros. La conselleira destacó que es fundamental contar con el apoyo local para solicitar cambios normativos o incluso una nueva Ley de Costas estatal, como reclaman Galicia y otras comunidades costeras, siempre desde un enfoque serio y consensuado.
La responsable autonómica informó a los representantes de Fegamp sobre sus gestiones recientes en Bruselas. Recordó que mientras la Comisión Europea exige adaptar la normativa española a directivas comunitarias mediante modificaciones legislativas, el Ministerio opta por un real decreto para evitar debates parlamentarios debido a su falta de mayoría suficiente.
Además, Vázquez criticó que este nuevo procedimiento se aleje del seguido en intentos anteriores, buscando aprobar rápidamente el anteproyecto tras años sin avances. Lo más preocupante es que pretende derogar prórrogas extraordinarias y ordinarias para concesiones existentes en el litoral, lo cual vulneraría derechos previamente adquiridos por sus titulares.
La titular gallega subrayó que este anteproyecto es nulo porque ningún reglamento puede contradecir o invalidar una ley superior como es la Ley de Costas. También sería considerado nulo al invadir competencias autonómicas sobre gestión y ordenación del litoral.
Por todas estas razones, Ángeles Vázquez reiteró que esta reforma generaría grave inseguridad jurídica y daños irreparables desde una perspectiva socioeconómica. Defendió así la necesidad urgente de implicar a las comunidades autónomas mediante una convocatoria a la Conferencia Sectorial de Costas.
Finalmente, comprometió al Ejecutivo gallego a seguir trabajando incansablemente por los intereses de Galicia y sus municipios frente a lo que considera un nuevo atropello del Gobierno central destinado a eliminar cualquier vestigio humano presente en las áreas costeras.
La Xunta ha denunciado la falta de información y defectos de forma en el procedimiento iniciado por el Gobierno central para reformar el Regulamento Xeral de Costas, argumentando que estos aspectos son imprescindibles para realizar aportaciones fundamentadas.
El Gobierno central asumió las críticas y envió a las comunidades autónomas litorales la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), además de ampliar el plazo para realizar observaciones al anteproyecto hasta el 15 de abril.
Ángeles Vázquez propuso formar un grupo de trabajo en Galicia para formular alegaciones al anteproyecto del Regulamento Xeral, buscando la colaboración de todos los sectores y administraciones interesados.
La participación es vital porque más de la mitad de la población gallega vive en los 86 concellos costeiros, y se busca defender los intereses locales frente a modificaciones normativas que podrían afectar gravemente a estas áreas.
La conselleira advirtió que el anteproyecto podría generar inseguridad jurídica y perjuicios socioeconómicos irreparables, además de contradecir normas superiores como la Ley de Costas.