Trece agentes penitenciarios han sido arrestados por la Policía italiana, acusados de torturas y maltratos hacia jóvenes que se encuentran en centros de Milán. Los delitos que enfrentan incluyen lesiones y complicidad en estos actos, afectando a menores, además de un caso que involucra tentativa de violencia sexual, con agravantes como la indefensión de las víctimas y el abuso de poder.
La Fiscalía milanesa ha decidido suspender a otros ocho agentes, además de enviar a prisión preventiva a estos funcionarios, de los cuales 12 estaban empleados en el centro Cesare Beccaria. La investigación se inició a raíz de informes del defensor de los derechos de los presos y se basó en las declaraciones de los jóvenes detenidos en dicho centro, así como en grabaciones de escuchas telefónicas e imágenes captadas por las cámaras del correccional. Los incidentes denunciados se han estado produciendo desde al menos el año 2022 hasta la fecha presente.
La fiscal Letizia Manella ha señalado en una rueda de prensa que los sospechosos justificaban sus acciones al considerarlas educativas, como respuesta al mal comportamiento de los reclusos; sin embargo, estas acciones constituían una violencia ilegal. En la misma intervención, denunció la "violencia extrema" que se vive en el centro, tanto "física" como "verbal y emocional". Además, declaró: "Cada vez es más necesario contar entre los agentes con personas más adecuadas que sepan cómo reaccionar ante la violencia que sufren por parte de estos niños".