Un estudio del profesor Joan Ridao, publicado en la revista International Journal of Constitutional Law, revela el carácter asimétrico del modelo lingüístico en la Constitución española. El artículo destaca la escasa promoción de la diversidad lingüística por parte de la Administración central y señala que, aunque la Constitución menciona la protección de la riqueza lingüística, este mandato no ha sido atendido adecuadamente. Ridao critica que el castellano se considere lengua franca sin un reconocimiento equitativo de las lenguas cooficiales, lo que genera conflictos en el ámbito educativo. Se sugieren reformas para garantizar un sistema de lenguas nacionales que respete la doble oficialidad. Para más detalles, visita el enlace a la noticia.
Un reciente estudio ha puesto de manifiesto el carácter asimétrico del modelo lingüístico presente en la Constitución Española. El profesor de la Universitat de Barcelona, Joan Ridao, ha publicado un artículo en la prestigiosa revista International Journal of Constitutional Law, donde analiza el estado del plurilingüismo en los poderes públicos del Estado español.
Entre las conclusiones más relevantes, Ridao destaca la escasa presencia y promoción de la diversidad lingüística por parte de la Administración central. En su artículo, se enfatiza que no existe una normativa estatal que garantice a todos los ciudadanos poder relacionarse con los órganos del Estado en la lengua oficial de su elección.
El autor subraya que, aunque la Constitución establece el mandato de proteger la riqueza lingüística, este principio nunca ha recibido la atención necesaria por parte del legislador o de los poderes públicos. De hecho, el modelo lingüístico vigente considera al castellano como una "lengua franca", lo que limita el reconocimiento del plurilingüismo en todos los ámbitos públicos, a diferencia de países como Bélgica, Canadá o Suiza.
Ridao señala que uno de los aspectos más preocupantes es que mientras se establece un deber de conocimiento del castellano, no ocurre lo mismo con las lenguas cooficiales. Esta asimetría se convierte en un punto crítico en el debate sobre derechos lingüísticos en España.
El profesor también hace hincapié en el papel desempeñado por el Tribunal Constitucional. Inicialmente, este tribunal defendió el uso preferente del catalán en las administraciones públicas catalanas para contrarrestar la predominancia del castellano. Sin embargo, una posterior sentencia sobre el Estatuto de 2010 cambió esta postura, argumentando que tal preferencia podría perjudicar el equilibrio entre ambas lenguas oficiales.
Esta decisión ha sido considerada como un factor clave en la creciente conflictividad lingüística dentro del ámbito educativo desde 2011. Ridao concluye su análisis sugiriendo posibles soluciones, como una reforma del artículo 3 de la Constitución o un despliegue normativo que permita establecer un sistema efectivo de lenguas nacionales y promueva una verdadera doble oficialidad.
El estudio se centra en el plurilingüismo en los poderes públicos del Estado español y constata el carácter asimétrico del modelo lingüístico en la Constitución.
Se señala que hay una escasa presencia y promoción de la diversidad lingüística por parte de la Administración central del Estado, a pesar de que la Constitución incluye un mandato para protegerla.
El modelo lingüístico es considerado asimétrico, ya que otorga al castellano un estatus de "lengua franca" sin reconocer plenamente el plurilingüismo en todos los ámbitos públicos.
Ridao sugiere reformar el artículo 3 de la Constitución española o implementar un sistema de lenguas nacionales que haga efectivo el régimen de doble oficialidad.
El Tribunal Constitucional ha tenido un papel relevante, inicialmente defendiendo el uso preferente del catalán en Cataluña, pero luego limitando este uso para mantener un equilibrio entre las lenguas oficiales.