España ha rechazado la criminalización de la asistencia humanitaria a personas migrantes en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE. El ministro Félix Bolaños abogó por incluir una cláusula que proteja a quienes brindan ayuda humanitaria, destacando el compromiso del país con los derechos humanos y la lucha contra el tráfico de personas. Además, se discutieron propuestas para combatir el abuso sexual infantil y el tráfico de drogas. España busca un enfoque más amplio en la definición del consentimiento en relación a la protección de menores. Para más información, visita el enlace.
En una reciente reunión en Bruselas, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participó en el segundo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) bajo la presidencia húngara. Este encuentro marcó el primer evento tras la formación de la nueva Comisión Europea.
Durante la sesión dedicada a Justicia, se discutieron diversas iniciativas legislativas, destacando dos propuestas clave: una centrada en el tráfico ilícito de migrantes y otra enfocada en la lucha contra el abuso sexual de menores.
Los ministros de Justicia de la Unión Europea debatieron sobre una propuesta que busca establecer normas mínimas para prevenir el tráfico ilícito de migrantes. En este contexto, España ha sido un firme defensor del rechazo a la criminalización de la ayuda humanitaria. El país ha abogado por incluir en esta directiva una cláusula que exima de sanciones a quienes brinden asistencia humanitaria a personas migrantes.
En su intervención, Bolaños subrayó la importancia de esta garantía, especialmente para los familiares directos y las organizaciones humanitarias que realizan labores de rescate y apoyo a migrantes. Además, reafirmó el compromiso del Gobierno español con estas organizaciones mientras se intensifica la lucha contra los grupos criminales dedicados al tráfico de personas, promoviendo así un enfoque migratorio que priorice los derechos humanos y la seguridad fronteriza.
Otro tema central del encuentro fue una propuesta dirigida a combatir los abusos y la explotación sexual de menores. España expresó su desacuerdo con la orientación general del texto debido a que considera que la definición del consentimiento debe ser más amplia y acorde con las legislaciones más avanzadas, como es el caso del marco legal español.
Bolaños reconoció los cambios realizados en respuesta a las solicitudes de España y otros países, tales como definir el consentimiento en términos positivos y abordar delitos digitales donde España ha liderado iniciativas. Sin embargo, estos avances no fueron suficientes para obtener el apoyo español al texto en su forma actual.
Finalmente, entre las iniciativas no legislativas abordadas durante el JAI se incluyó la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, así como temas relacionados con la impunidad derivada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
España ha liderado el rechazo a la criminalización de la asistencia humanitaria a personas migrantes, solicitando que se incluya una cláusula en la directiva que excluya de sanciones la ayuda humanitaria.
La Administración española mantendrá su pleno apoyo a las organizaciones humanitarias que asisten a migrantes, mientras intensifica la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.
Además del rechazo a la criminalización de la asistencia humanitaria, se abordaron propuestas relacionadas con la lucha contra los abusos sexuales y explotación sexual de menores, así como iniciativas contra el tráfico de drogas y el crimen organizado.