De acuerdo con el documento que se ha presentado en los tribunales, las declaraciones de Aldama ante el juez son descritas como “absolutamente falsas, difamatorias, injuriosas y calumniosas, atentando de manera absolutamente grave contra el honor” de los demandantes.
Las amenazas recíprocas podrían resultar en un empate o en un conflicto abierto. Todo sucedió de manera muy rápida el jueves. El pacto alcanzado entre la Fiscalía Anticorrupción y Aldama había permanecido en secreto hasta ese momento. Según este acuerdo, Aldama debía admitir su participación en un fraude relacionado con hidrocarburos —motivo por el cual fue encarcelado— y confesar que había pagado generosas comisiones al ministro de Transportes durante la pandemia. Si aceptaba los cargos, el fiscal respaldaría su liberación. Por esta razón, Aldama se presentó ante el juez dispuesto a revelar no solo lo que se había convenido, sino también información adicional. Decidió hablar sobre el conocimiento de Sánchez respecto a su implicación en Transportes, el viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, supuestos pagos al PSOE y encuentros con varios ministros. Cumplió con lo pactado y la Fiscalía hizo lo mismo. Sin embargo, Sánchez no tardó en llamarlo públicamente mentiroso y delincuente.
El juez Santiago Pedraz decidió dejar en libertad a Aldama esa misma noche, mientras sucedían otros acontecimientos. En la prisión, Aldama escuchó las declaraciones del presidente del Gobierno, quien busca repudiarlo y desmentir que intentó conocerlo personalmente para agradecerle por su mediación con el gobierno mexicano. Actualmente, nadie lo reconoce y lo consideran un nuevo “pequeño Nicolás”. “Le ha faltado decir ser agente de la TIA”, comentó ayer el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
La libertad de Aldama ha sido lograda, sin embargo, su amenaza persiste. Antes de abandonar el lugar en un vehículo hacia su hogar, advirtió: “Que no se preocupe Sánchez, que tendrá pruebas”. Según fuentes cercanas a la defensa, el acuerdo con la Fiscalía permanece vigente, lo cual implica la entrega de documentación y la necesidad de demostrar lo que ha afirmado.
Por el momento, tanto el Gobierno como Ábalos y su exasesor rechazan las acusaciones más graves. Además de las supuestas mordidas, uno de los temas que más afecta políticamente al Ejecutivo es el viaje realizado por Delcy Rodríguez en 2020. Según Aldama, fue el propio Ejecutivo quien organizó la visita, a pesar de saber que ella no podía ingresar a España debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea. La postura del Gobierno siempre ha sido que la vicepresidenta venezolana no estaba realizando un viaje a España, sino que simplemente hizo una parada técnica en el avión privado que utilizaba.