El CCE solicitó a los consistorios el 15 de noviembre que "actualizaran los datos personales de los alcaldes y alcaldesas" para asegurar una comunicación adecuada durante emergencias o preemergencias. En su mensaje, también se señala que la Generalitat tiene la responsabilidad de gestionar las emergencias en el territorio de la Comunidad Valenciana y se destaca que, en momentos de crisis, "el CCE debe ser quien informe a los municipios afectados".
Las acusaciones del Partido Popular (PP) quedan desmentidas. Tanto Carlos Mazón como Feijóo han intentado responsabilizar a otros organismos, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), por no haber alertado a los alcaldes en semanas anteriores. Los hechos demuestran que ambos mienten. Según lo establecido en la Ley de Protección Civil y el Plan Especial de Inundaciones, la competencia recae únicamente en el CCE. Este organismo es el responsable de recibir informes de instituciones como la CHJ y la Agencia Estatal de Meteorología, pero tiene la autoridad para tomar decisiones y notificar a los municipios.
Un documento enviado por la Agencia de Seguridad y Emergencias verifica que en junio, después de las elecciones autonómicas, se envió la misma solicitud de actualización de datos a los ayuntamientos. No obstante, algunos consistorios no proporcionaron la información solicitada ni actualizaron sus registros.
El desajuste en la actualización de los datos de contacto ha llevado a que algunas exautoridades locales, como la exalcaldesa de Benicarló, Xaro Miralles, recibieran llamadas incorrectas del servicio de emergencias incluso tras la tragedia. El 13 de noviembre, durante una nueva alerta por DANA, Miralles fue contactada a pesar de ya no estar al frente del Ayuntamiento. De manera similar, el 30 de octubre, un día después de la catástrofe, la exalcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, también recibió una llamada debido a un error relacionado con la movilidad de los trabajadores de una cooperativa agrícola en su municipio.