La Audiencia Provincial de Valencia, a través de su Sección Cuarta, ha impuesto una condena de diez años y cinco meses de prisión al expresidente de la Generalitat y exministro durante el mandato de José María Aznar, Eduardo Zaplana. Por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y prevaricación, también deberá abonar más de 20 millones de euros en concepto de multa por blanqueo y otros 4,4 millones por cohecho. Aunque Zaplana fue juzgado por la manipulación de contratos públicos relacionados con las ITV y las energías eólicas, únicamente ha sido hallado culpable en el caso de las ITV.
Este amaño le generó importantes beneficios ilícitos como líder del Consell. A pesar de que la sentencia menciona que recibió 2,3 millones para el exministro, su secretaria, Mitsouko Henríquez, ha sido exonerada.
La sentencia también confirma que el dinero existente en Andorra pertenecía al expresidente, quien lo obtuvo mediante comisiones por su condición de político.
Los jueces sostienen que "se creó por la organización de Zaplana una estructura de sociedades off shore en Panamá", y estas sociedades abrieron cuentas en Andorra a nombre de su testaferro. Esto respalda completamente el testimonio de su ingeniero financiero, el abogado Fernando Belhot.
"Zaplana abandonó la política en 2008, y desde 2007 no se registraron ingresos en Andorra. Esto nos permite confirmar que los ingresos fueron generados por su condición de político. Todo esto nos lleva a la inevitable conclusión de que ese dinero fue obtenido gracias a su estatus político, el cual le proporcionaba acceso a información valiosa en diversos sectores, conexiones con personas influyentes en el ámbito financiero y empresarial, y, en definitiva, un papel político destacado primero a nivel autonómico y luego nacional, lo que le permitió recibir importantes sumas de dinero además de sus remuneraciones oficiales".
A pesar de la condena de Zaplana y su principal testaferro, Francisco Grau, el Tribunal ha decidido absolverlos del delito de grupo criminal, aunque ha ordenado el comiso de varios bienes y cantidades que fueron intervenidas durante la instrucción del caso.
En cuanto a los otros ocho acusados, han sido exonerados tras la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía en el caso de tres de ellos o debido a la falta de pruebas que justifiquen una condena. Entre quienes han sido absueltos se encuentra José Luis Olivas, quien también fue expresidente de la Generalitat.
En el banquillo, además de Zaplana, se encontraban los empresarios José y Vicente Cotino; también estaban los presuntos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau, así como Juan Francisco García, quien es el presidente de la mesa de contratación que otorgó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana.
Acusados de múltiples delitos, los procesados por el Juzgado de Instrucción Número 8 de Valencia enfrentan cargos que incluyen prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.