La querella presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el magistrado Juan Carlos Peinado cuenta con el respaldo de la Fiscalía de Madrid que pide que se admita a trámite.
LaFiscalía considera apropiada la aceptación de la ampliación de dicha querella que ha sido presentada por la Abogacía del Estado.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en un escrito dirigido a la sala civil y penal del TSJM, sostiene que tanto la querella como la ampliación presentada posteriormente por la Abogacía del Estado deben ser admitidas a trámite.
Además, interpreta que el juez Juan Carlos Peinado podría haber incurrido en prevaricación al convocar al presidente del Gobierno como testigo.
Fue la Abogacía General del Estado la que presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Peinado y su reemplazo, el juez Carlos Valle, debido a dos resoluciones:
Primero la providencia que citó a Sánchez como testigo y la que rechazó su declaración por escrito.
Seguidamente la Abogacía del Estado amplió el caso en agosto pasado en nombre del presidente del Gobierno, argumentando en un documento que se estaba cometiendo una "injusticia intrínseca" y que se estaban realizando "interpretaciones forzadas o artificiosas".
La idea de que la decisión de llamar a declarar a Sánchez como esposo de Begoña Gómez, en lugar de su rol como presidente, pudo ser arbitraria cuenta ahora con el respaldo de la Fiscalía de Madrid. En su escrito, se destaca que esta situación obligó a que su comparecencia fuera presencial en lugar de realizarse por escrito. La fiscal señala que el juez querellado se limita a "mencionar la jurisprudencia y la doctrina del 'tráfico de influencias en cadena'", sin ofrecer una explicación sobre la "utilidad a los fines de la investigación del testimonio" de Sánchez. Esto podría generar un elemento de "sospecha" respecto a su actuación, dado que él es una "autoridad" "además de esposo de la investigada".
La fiscal señala que "lo verdaderamente relevante para quien informa es que no parece que estemos ante una simple discrepancia jurídica que pueda ser resuelta en el seno del procedimiento a través de los recursos interpuestos por el órgano superior". Según Lastra, "no se puede descartar a priori que los hechos descritos revistan naturaleza penal", puesto que "la resolución puede calificarse como arbitraria e injusta cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor".