Durante el mandato de Mariano Rajoy, la Policía Patriótica, bajo el control del PP, llevó a cabo un espionaje ilegal a los 69 diputados de Unidas Podemos. Entre 2015 y 2016, se realizaron cientos de consultas en las bases de datos oficiales de la policía con el fin de espiar a los representantes de dicha formación política.
Los 55 diputados recién elegidos de Podemos fueron el objetivo, incluyendo a figuras como Yolanda Díaz o Pablo Bustinduy, actuales miembros del Gobierno, así como los exministros Pablo Iglesias, Irene Montero o Ione Belarra, junto a Íñigo Errejón o Joan Baldoví, entre otros.
En una conversación, acordaron buscar información y datos de los diputados que dañaran su reputación el número dos de Interior en aquel entonces, Francisco Martínez, y el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, quienes orquestaron dicha operación.
En el mes de febrero de 2024, una investigación fue iniciada bajo la supervisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La querella presentada por Podemos, que denunciaba ser víctima de las maniobras ilegales de la Policía Patriótica del Partido Popular, fue el motivo principal de esta acción legal. Es importante destacar que este caso está siendo investigado por el mencionado magistrado de forma independiente al caso Villarejo.