Según un informe del Parlament, se ha confirmado que el presidente del grupo de Vox y segundo al mando de la formación, Ignacio Garriga, facturó cerca de 40.000 euros en nombre del grupo parlamentario por servicios de despacho y atención en sede. Además, se ha revelado que cargó varios gastos personales a la cuenta del grupo. Esta información proviene de un informe del Parlament, el cual fue adelantado por 'El Confidencial' y al cual EFE ha tenido acceso. Este informe fue emitido después de la denuncia realizada por la exdiputada de Vox Isabel Lázaro ante la Oficina Antifrau de Catalunya.
Durante los ejercicios de 2021 y 2022, numerosos gastos personales fueron cargados al Parlament por Garriga, incluyendo varios pedidos de comida a domicilio, servicios de tintorería y peluquería, así como la cuota anual de la Asociación de Familias de Alumnos del colegio en el que estudian sus hijos. Inicialmente, Lázaro denunció estos gastos irregulares ante la ejecutiva de Vox y luego presentó una denuncia ante la Oficina Antifrau de Catalunya. Posteriormente, esta entidad remitió la investigación al órgano competente del Parlament, la Oidoría de Cuentas.
Después de que Lázaro presentara la denuncia, el presidente de Vox, Santiago Abascal, respaldó a Garriga y vinculó la denuncia al hecho de que la diputada quedó excluida de las listas para el Parlament. Según fuentes parlamentarias consultadas por EFE, en los años 2021 y 2022 no se registraron ingresos por servicios profesionales en las declaraciones de actividades de Garriga, a pesar de haber recibido un total de 38.496,59 euros.
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Tras enfrentarse a estas circunstancias, el grupo parlamentario de Vox fue cuestionado por la Mesa de la Diputación Permanente del Parlament acerca de los servicios que les ha brindado Garriga, y se ha diseñado una nueva normativa sobre las subvenciones a los grupos parlamentarios.
De acuerdo con la reciente normativa publicada en el Boletín Oficial del Parlament (BOPC), los grupos parlamentarios tendrán que devolver los fondos de las subvenciones si no presentan la documentación requerida para rendir cuentas. A partir de esta legislatura, se establece una regulación más estricta en comparación con la anterior, que impone mayores exigencias documentales a los grupos al justificar el uso de las subvenciones.
Ante la Mesa, la CUP ha presentado un documento en el que solicita que se tomen las medidas adecuadas "sin más dilación" y que se aplique la modalidad de control financiero a las subvenciones de grupos parlamentarios.