Según el informe del Ayuntamiento de Madrid, las obras en la vivienda de Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, fueron realizadas sin licencia. La inspección llevada a cabo la semana pasada concluye que los trabajos ya finalizados se llevaron a cabo sin el correspondiente título urbanístico habilitante, según informan 'El País' y la 'Cadena SER'.
"El pasado lunes, una arquitecta técnica del Distrito de Chamberí llevó a cabo la inspección, coincidiendo precisamente con la primera comparecencia de González Amador ante la jueza en la causa contra él por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Según su conclusión, las obras realizadas, que ya están terminadas, carecen de un título urbanístico habilitante".
Se detalla en el acta de inspección que se llevó a cabo en el piso valorado en más de un millón de euros, adquirido por la pareja de la presidenta madrileña en 2022 y donde ambos conviven, que se realizaron obras de acondicionamiento parcial en un único inmueble. Además, se descarta la unión entre esta vivienda y el ático de la planta superior, el cual fue adquirido el año pasado por el abogado de González Amador.
Ya se han finalizado todas las obras que se llevaron a cabo, específicamente, la redistribución de piezas, la renovación de acabados y las instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento y ACS. Además, se ha completado la instalación de un sistema de climatización con dos equipos exteriores, la sustitución de la carpintería exterior y la colocación de toldos en la terraza.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este lunes a la prensa que "ha habido inspección" y ha defendido que "el Ayuntamiento ha cumplido" y "va a continuar con el procedimiento administrativo". Además, aseguró que "se va a seguir con los mismos trámites que con cualquier otro ciudadano".
En diciembre de 2022, González Amador fue notificado según el informe municipal elaborado posteriormente. Sin embargo, en el momento de la inspección, la persona que estaba en la vivienda no quiso identificarse y no tenía ningún "título administrativo que habilite las actuaciones realizadas". A pesar de afirmar que nunca recibieron la orden de cese, defendieron su postura.
La recomendación del informe técnico, firmado el viernes, es actuar según la Ley de Suelo autonómica, que incluye la solicitud de legalización de las obras por parte del propietario de la vivienda en un plazo de dos meses. Si no se realiza, se podría ordenar la demolición.
Un tercer documento fue citado por 'El País', en el cual se le daba a González Amador un plazo de dos meses para obtener la licencia y se le advertía sobre posibles sanciones económicas. Sin embargo, este documento desapareció de la plataforma el viernes pasado. Más Madrid, que había denunciado la ilegalidad de las obras, ha calificado esta situación como un "trato de favor escandaloso".