La magistrada les cita a declarar como investigados por su supuesta vinculación con los hechos que tuvieron lugar los pasados 20 y 21 de septiembre, cuando un gran número de personas protestaron por las detenciones de 14 cargos de la Generalitat relacionados con la organización del referéndum suspendido por el Constitucional.
La juez actua después de recibir el atestado de la Guardia Civil, que destaca el papel de Cuixart y Sánchez en la organización del colectivo que impidió el normal desarrollo de la operación Anubis y los registros a los agentes y a la comisión judicial
Ese atestado también destaca que Jordi Sánchez llegó a llamar por teléfono a Trapero mientras los agentes estaban sitiados para ofrecerse como mediador, y que la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, no atendió las reiteradas llamadas de los guardias civiles para que les auxiliaran durante la operación, en la que los manifestantes llegaron a causar daños de consideración a los vehículos de la Guardia Civil.
El delito de sedición lleva aparejadas penas de hasta 15 años de cárcel si quien lo comete es una autoridad. En caso contrario, de 8 a 10 años de presidio.