servicios sociales

El Gobierno de Asturias ha anunciado una inversión de 12,8 millones de euros para reforzar la protección social, destinada a entidades locales para financiar ayudas de emergencia social y proyectos de inclusión. Esta medida forma parte de un plan más amplio que prevé una inversión total de 272 millones hasta 2027 en servicios sociales municipales. Las ayudas cubrirán necesidades básicas como vivienda y energía, además de apoyar a familias con menores en situación de vulnerabilidad. Con esta iniciativa, se busca garantizar la sostenibilidad y continuidad de los recursos públicos esenciales en el ámbito social.

La Generalitat Valenciana ha implementado un nuevo sistema que permite a asociaciones y entidades sociales tramitar directamente las solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y agilizar los procesos. Esta iniciativa fue presentada en una jornada informativa para más de 150 entidades del tercer sector, donde se explicaron los requisitos y procedimientos para convertirse en "entes habilitados". La medida busca simplificar trámites y mejorar el acceso a derechos fundamentales para las personas con discapacidad, respondiendo a demandas del sector y modernizando la gestión administrativa.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reafirmado el compromiso del Consell con las familias de acogida mediante un incremento de ayudas y mejoras fiscales, así como la reducción de la burocracia. Durante una audiencia con representantes de estas familias, se anunciaron medidas como la duplicación de deducciones en el IRPF por nacimiento y acogimiento, y la extensión de beneficios fiscales a todas las modalidades de acogimiento. Además, se implementará una nueva regulación para proteger los vínculos afectivos en situaciones de acogimiento. Estas iniciativas buscan hacer más accesible el sistema de protección y optimizar su gestión.

La Delegación del Gobierno en Melilla ha iniciado las contrataciones del Plan de Empleo 2025, con la firma de contratos para 270 personas que reforzarán los servicios del Imserso. Las primeras incorporaciones incluyen 10 enfermeros, 25 auxiliares de enfermería y 3 ordenanzas, quienes comenzarán a trabajar la próxima semana. Este plan no solo mejora la atención a mayores, sino que también ofrece oportunidades laborales significativas para la comunidad melillense, contribuyendo a su desarrollo económico. La inversión en este programa ha aumentado de 7 millones a 13 millones de euros, destacando el compromiso del gobierno con la creación de empleo y la mejora de servicios públicos.

La Junta de Andalucía ha asignado 46,6 millones de euros para financiar servicios sociales comunitarios en las entidades locales durante el ejercicio actual. Esta distribución, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, incluye fondos para 97 entidades locales, como diputaciones y ayuntamientos con más de 20.000 habitantes. Los recursos están destinados a mantener y reforzar los equipos que atienden a la infancia y la familia, así como a garantizar la calidad del sistema público de servicios sociales que beneficia a más de un millón de personas. La iniciativa también apoya la prevención de violencia hacia la infancia mediante el programa LOPIVI. Andalucía cuenta con la red más amplia de Servicios Sociales Comunitarios en España, con 253 centros y más de 50.000 profesionales involucrados.

Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón, ha decidido cancelar el convenio de Cooperación al Desarrollo con la Universidad de Zaragoza, que ha costado 678.000 euros en siete años. Este año se suprimen 30.000 euros destinados a financiar la cátedra correspondiente, y esos fondos se redirigirán a servicios sociales prioritarios para atender las necesidades de los aragoneses, especialmente en áreas como la atención a ancianos y personas con discapacidad. Esta medida forma parte de un plan más amplio para recortar subvenciones no esenciales y priorizar el bienestar social en la comunidad.

Canarias ha tomado la iniciativa para impulsar la formación sobre la regularización de migrantes, ante la falta de acción del Gobierno de España. La directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, criticó que el Estado no ha involucrado a las comunidades autónomas en este proceso. A pesar de no tener competencias en extranjería, el Gobierno de Canarias está apoyando a entidades y personas afectadas. Se han llevado a cabo sesiones informativas sobre los requisitos y procedimientos para la regularización, con una alta participación ciudadana. Además, se planean más jornadas informativas para asegurar que la población reciba el apoyo necesario en este proceso crucial.

La Junta de Extremadura ha aprobado dos nuevos programas de colaboración económica municipal en servicios sociales, con un presupuesto de 7,8 millones de euros, y dos convocatorias de ayudas por 9 millones para el sector vitivinícola. La iniciativa busca mejorar la atención a personas mayores y aumentar las plazas en centros de día y noche. Además, se destinarán fondos para la reestructuración de viñedos y la gestión sostenible de residuos del vino, apoyando así un sector clave en la región.