inclusion social

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado un paquete de medidas para fortalecer el sector primario y mejorar la atención a personas vulnerables. Se destinarán 500.000 euros en ayudas a la flota pesquera afectada por la reducción de capturas, y 376.000 euros al Centro de Acogida Princesa Letizia para apoyar a personas sin hogar. Además, se han autorizado subvenciones para fomentar el turismo y el deporte, así como convenios con ayuntamientos para mejorar servicios de recogida de residuos y recursos educativos. Estas iniciativas buscan impulsar el desarrollo económico y social en la región, priorizando la sostenibilidad y la inclusión social.

La Junta de Andalucía ha asignado 46,6 millones de euros para financiar servicios sociales comunitarios en las entidades locales durante el ejercicio actual. Esta distribución, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, incluye fondos para 97 entidades locales, como diputaciones y ayuntamientos con más de 20.000 habitantes. Los recursos están destinados a mantener y reforzar los equipos que atienden a la infancia y la familia, así como a garantizar la calidad del sistema público de servicios sociales que beneficia a más de un millón de personas. La iniciativa también apoya la prevención de violencia hacia la infancia mediante el programa LOPIVI. Andalucía cuenta con la red más amplia de Servicios Sociales Comunitarios en España, con 253 centros y más de 50.000 profesionales involucrados.

La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, ha destacado la importancia del diálogo social internacional durante la Asamblea General de la Red Europea de Políticas Sociales ELISAN en València. Este encuentro reúne a expertos e instituciones para abordar temas como el envejecimiento, la vulnerabilidad y la salud mental. Albalat enfatizó que las políticas sociales deben ser estratégicas y centrales en la construcción democrática, especialmente para apoyar a familias y colectivos vulnerables. La asamblea también formalizó la incorporación de nuevas universidades a la red, enfocándose en el desarrollo social y urbano sostenible.

La Junta de Extremadura ha presentado el proyecto "TexturizartEx: experiencias sensoriales inclusivas", una iniciativa educativa que busca fomentar la inclusión social a través de la gastronomía. La secretaria general del SEXPE, María José Nevado, destacó la importancia de este proyecto, aprobado con una dotación de 20.000 euros, que combina innovación y formación en el ámbito hostelero. Coordinado por la Escuela Superior de Hostelería de Mérida, el proyecto incluye la colaboración de centros educativos y entidades sociales para generar experiencias sensoriales adaptadas y promover un compromiso social en la formación profesional.

El Vicelehendakari Mikel Torres ha defendido las políticas públicas de empleo en Euskadi, destacando la importancia de los Proyectos Integrales de Empleo para ofrecer segundas oportunidades a colectivos prioritarios. Estas iniciativas buscan reducir el desempleo, especialmente entre personas mayores de 45 años y aquellos en situación de vulnerabilidad, mediante programas que combinan formación práctica, acompañamiento individualizado y experiencia laboral. Torres enfatizó que estas políticas no solo mejoran la empleabilidad, sino que también fomentan la cohesión social y la dignidad laboral. Desde 2022, 32 personas en Zumarraga han participado en estos programas, con catorce incorporándose al mercado laboral. El compromiso del Gobierno Vasco es crear empleo digno y estable, asegurando que el crecimiento económico beneficie a todos.

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado el primer Plan Estratégico de las Personas Mayores para el periodo 2026-2029, con el objetivo de abordar el envejecimiento demográfico en la región. Este plan, que responde a un 24,5% de población mayor de 65 años, busca enfrentar desafíos como la soledad no deseada, la brecha digital y la dependencia. Se establecen cuatro ejes estratégicos: buen trato y sensibilización social, envejecimiento activo, participación comunitaria y coordinación innovadora. La implementación estará a cargo de la Consejería de Inclusión Social y contará con la participación activa del nuevo Consejo de Personas Mayores.

El Gobierno de Asturias ha anunciado una inversión de 12,8 millones de euros para reforzar la protección social, destinada a entidades locales para financiar ayudas de emergencia social y proyectos de inclusión. Esta medida forma parte de un plan más amplio que prevé una inversión total de 272 millones hasta 2027 en servicios sociales municipales. Las ayudas cubrirán necesidades básicas como vivienda y energía, además de apoyar a familias con menores en situación de vulnerabilidad. Con esta iniciativa, se busca garantizar la sostenibilidad y continuidad de los recursos públicos esenciales en el ámbito social.

El Govern de les Illes Balears ha presentado siete proyectos para el concurso estatal #EuropaSeSiente2026, una iniciativa del Ministerio de Hacienda que busca visibilizar proyectos financiados por la Unión Europea. Estas candidaturas abarcan áreas como innovación tecnológica, inclusión social y transición energética, reflejando el impacto positivo de los fondos europeos en el desarrollo del archipiélago. Los proyectos incluyen iniciativas en comunicación para emergencias, formación para jóvenes vulnerables y mejoras en salud infantil. La participación en este concurso representa una oportunidad para destacar los esfuerzos hacia un futuro más sostenible e inclusivo en las Islas Baleares.

La Comunidad de Madrid ha aumentado un 13% su inversión en ayudas económicas individuales para facilitar el alojamiento de personas con enfermedad mental. Este incremento busca apoyar a quienes participan en programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los Servicios de Salud Mental, promoviendo su autonomía e inclusión social. Las solicitudes para estas ayudas se pueden presentar del 9 al 29 de junio, y están dirigidas a personas mayores de 18 años empadronadas en la región que cumplan ciertos requisitos económicos. En el año anterior, 141 beneficiarios accedieron a estas prestaciones, que son fundamentales para asegurar su participación en procesos de recuperación.

El Gobierno de Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Banco de Alimentos han lanzado un proyecto para fomentar la inclusión laboral de jóvenes migrantes a través de formación específica. Los participantes han completado cursos en áreas como mozo de almacén, manipulación de alimentos y carretillero, recibiendo diplomas que acreditan su capacitación. Este esfuerzo busca no solo facilitar el acceso al mercado laboral, sino también promover la integración social y el desarrollo personal de los migrantes. La iniciativa U-Fit ULPGC ha sido reconocida por su impacto positivo en la comunidad, destacando la colaboración entre estudiantes universitarios y jóvenes migrantes. Se han entregado 64 certificados en total, junto con formación adicional en español y prevención de riesgos laborales.

El Gobierno de Cantabria avanza en la creación del I Plan Integral de Juventud, impulsado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. En un reciente encuentro con profesionales, se establecieron 15 mesas temáticas enfocadas en áreas clave como vivienda, empleo, salud mental y participación juvenil. La consejera Begoña Gómez del Río destacó la importancia de este Plan como una hoja de ruta para las políticas públicas dirigidas a la juventud cántabra. Se busca que el documento final refleje las inquietudes y demandas de los jóvenes a través de un proceso participativo que incluirá consultas públicas. El objetivo es tener el texto definitivo listo para el último trimestre del año.

La Xunta de Galicia, representada por el director general de Mayores y Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, inauguró la jornada del proyecto europeo ACTIV-N en la Facultad de Educación y Trabajo del campus universitario de Ourense. Este proyecto de cooperación territorial europea se enfoca en la inclusión social y la atención a colectivos vulnerables, como las personas mayores, así como en la gestión de riesgos ambientales y climáticos. Participan alrededor de veinte entidades europeas en esta iniciativa que busca fortalecer la colaboración en la región atlántica.