Revelan el plan de Estados Unidos para el golpe en Bolivia: nombres y apellidos, rol de la Embajada y países vecinos.
El analista internacional Alfredo Jalife Rahme, dio a conocer con nombres y apellidos de los involucrados, de la planificación desde los Estados Unidos del presente golpe en Bolivia.
Explicó que desde el territorio de los Estados Unidos se desarrolla gradualmente un golpe de estado contra el presidente boliviano Evo Morales, que tenía previsto llevarse a cabo después de las elecciones, entre fines de 2019 y marzo de 2020.
Los principales agentes del Golpe de Estado son los políticos bolivianos, Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa, Mario Cossio y Carlos Sánchez Berzain, todos residentes en Estados Unidos. Son estos los que coordinan las acciones en Bolivia con los líderes de la asociación opositora "Coordinadora Nacional Militar" , compuesta por ex oficiales del ejército del ejército boliviano, entre ellos, el general Rumberto Siles, los coroneles Julius Maldonado, Oscar Pacello y Carlos Calderón, junto con altos líderes de la oposición boliviana como Waldo Albarracín, presidente de la Confederación Democrática Nacional (CONADE), Jaime Antonio Alarcón Daza, presidente del Comité Cívico de La Paz, Jorge Quiroga, ex presidente. de Bolivia, Juan Carlos Rivero, Rolando Villena, ex defensor del pueblo y Samuel Doria Medina del Partido de Unidad Nacional, todos son responsables de suministrar los fondos que se envían desde Estados Unidos para esta operación, así como de garantizar acciones con las que crear un estado de crisis social para convulsionar al país antes del 20 de octubre, fecha electoral.
El plan preveía la ruptura y la división del ejército boliviano y la policía nacional, logrando que estas fuerzas se rebelaran contra el presidente Evo Morales.
Entre sus objetivos estuvo la manipulación de sectores estratégicos de la sociedad boliviana, como el sector universitario, el sector médico, las personas con discapacidad y los ambientalistas con los que buscaron la desestabilización del país.
Gran parte de los fondos que llegaron al territorio boliviano fue gracias a las embajadas acreditadas en el país y la Iglesia Evangélica, que fueron utilizados por el gobierno de los Estados Unidos como cobertura para no debe verse directamente implicado.
Funcionarios del Departamento de Estado acreditados en el país, como Mariane Scott y Rolf A. Olson, se reunieron con funcionarios diplomáticos de alto nivel de Brasil, Argentina y Paraguay, a fin de organizar y planificar acciones de desestabilización contra el gobierno boliviano, además de para entregar los fondos estadounidenses a la oposición boliviana.
El plan tuvo tres etapas: En la fase preparatoria su propósito era preparar y organizar el campo para acciones posteriores.
Se desarrolló entre abril y julio de 2019. En la misma se establecieron alianzas políticas para conformar un solo frente de oposición, celebraron reuniones de coordinación y acciones que se llevarán a cabo en las etapas 2 y 3, acordaron comenzar a desacreditar campañas contra el Gobierno, utilizando la estructura de medios concebida que incluye prensa de medios opositores, medios ad hoc, activistas en redes sociales, así como el logro de quejas formales ante organismos internacionales.
La estrategia en las redes sociales y las noticias falsas fue dirigida por Raúl Reyes Rivero, uno de los principales activistas de movilización de la oposición. Este preparó acciones y planes de las plataformas democráticas y los comités cívicos contra el gobierno, para el derrocamiento del presidente Evo Morales.
El ex presidente y opositor Jorge Quiroga se encargó de buscar apoyo y una declaración de instituciones regionales e internacionales, como la OEA, la Unión Europea y algunas otras, para deslegitimar la victoria electoral de Evo, declararla inconstitucional y responder para una intervención internacional en Bolivia.
En la segunfa etapa eu objetivo fur generar convulsiones e inestabilidad social en el país.
Comenzó a entrar en vigencia en julio y prevehía llegar hasta octubre de 2019. Consistió en establecer un estado de crisis social en el país, a través de manifestaciones públicas violentas y pacíficas, barricadas y huelgas, utilizando para ello los comités cívicos y el movimiento 21F, estudiantes universitarios, el sector médico y otros de la sociedad civil.
Juan Flores, presidente del comité cívico de Cochabamba yasesor político de Carlos Sánchez Berzain y Manfred Reyes Villa en Bolivia tuvo la responsabilidad de generar un encuentro social a escala nacional, para lo cual vinculó los comités cívicos y afilió a los primeros oficiales del ejército y policías.
Junto con el coronel retirado Oscar Pacello, manipularon sutilmente la intención de generar un punto de inflexión que genere violencia y convulsión social.
La idea no era otra que paralizar el país el 10 de octubre de 2019, arruinando las elecciones nacionales.
De tal manera, a partir de esa fecha pudo reunirse a la población boliviana para enfrentarla al Gobierno y de esta manera desestabilizar el proceso electoral.
Se programaron protestas y manifestaciones tengan el 20 de septiembre a nivel nacional, el 26 de septiembre en La Paz y el 4 de octubre en Santa Cruz y La Paz.
Otro de los objetivos en esta etapa es fragmentar las instituciones estatales armadas, principalmente la Policía Nacional y el Ejército.
Con este objetivo a la vista, se esperó hasta el reclutamiento de altos mandos en servicios activos dentro del Ejército, aquellos que respaldarían el golpe de estado y asumirían la presidencia del país en una coalición cívico militar, ya conformada, en el período de transición.
Un hecho conocido era la existencia de un grupo de oficiales del ejército muy cercanos al presidente Evo, que desde sus posiciones permitirían las acciones utilizando la desinformación para el presidente.
La fase final consistió en la proclamación de fraude electoral e imposición de un gobierno paralelo que se llevó a cabo una vez que finalizaron las elecciones presidenciales.
De las evaluaciones y predicciones sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre que el presidente Evo Morales ganó se encargó el Departamento de Estado de EEUU.
Antes de esto en vista de este escenario, la Embajada de los Estados Unidos creó en secreto las condiciones objetivas y subjetivas para la proclamación de un fraude electoral.
Mariane Scott se estuvo reuniendo con el sector diplomático en el país, alentando el mensaje de ilegitimidad y fraude en las elecciones, con el que EEUU logró convencer a un grupo de países acreditados. En sus reuniones con funcionarios de alto nivel de las embajadas de Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, España, Ecuador, Reino Unido y Chile, EEUU les solicitó que fueran ellos quienes lideraran las quejas formales de fraude en las elecciones, dado que resultaba más creíble que si Estados Unidos lo hacía solo.
Asimismo desde la embajada de EEUU se centraron en llevar a cabo en un seguimiento buscando documentar ante el Trbunal Supremo Electioral las supuestas irregularidades que sirvieron a la postre para denunciar el fraude.
Paralelamente, en el mes de julio se llevó a cabo una reunión privada entre los opositores Jaime Antonio Alarcón Daza, Iván Arias y otros miembros de los comités cívicos, en la que se acordó la compra de máquinas para el conteo rápido de votos en aras de manipular la opinión pública sobre los resultados electorales.
Estas máquinas tendrían un costo total de 300 mil dólares. La Embajada de los EE. UU. Y la representación de la Unión Europea en el país contribuirían a financiar la compra, que proporcionarían a través de la Fundación Jubileo y la Iglesia Evangélica.
La intención fue colocar las máquinas en cada junta electoral y preparar a través de los comités cívicos a las personas capacitadas de antemano para esta maniobra.
En esta etapa, la Unión Juvenil Cruceñista desempeñará un papel fundamental, llevando a cabo acciones violentas una vez que se publicaron los resultados electorales finales, para lo cual reclutaron criminales que utilizaron como punta de lanza en las acciones violentas que llevaron a cabo contra las instituciones estatales.
Fue Juan Martín Delgado, miembro de esta organización juvenil, el se encargo de organizar estas actividades violentas con el apoyo del boliviano Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien a su vez recibía indicaciones y consejos del empleado del gobierno estadounidense Rolf A. Olson.
Así tras acceder a la presidencia Evo en enero de 2020 lograron la desestabilización social y se autoproclamó un gobierno paralelo, alentado por una fracción del Ejército que se encargó de la creación de un gobierno militar cívico, dirigido por Waldo Albarracín.
Entre tanto el gobierno de los Estados Unidos ya había estado entrenando en secreto al político y candidato presidencial Oscar Ortiz.
Esta estrategia, fue dirigida y financiada por la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia, de igual manera que hizo con la huelga general indefinida un día antes de la ciita electoral, de las operaciones encubiertas, las campañas de descrédito y desinformación, y de otros tipos de sabotaje para crear violencia y deslegitimar el proceso electoral.
Para justificar la puesta en el poder de un gobierno paralelo, era necesario crear un clima de inestabilidad en las principales ciudades.Con este fin, la oposición boliviana, a través de los comités cívicos y el grupo opositor "Coordinadora Nacional Militar" estuvo preparando un grupo de jóvenes que se encargarían de llevar a cabo acciones violentas, principalmente en las ciudades de Santa Cruz y La Paz.
Estos jóvenes serían insertados en la protesta convocada para esos días y tendrán orden de entablar enfrentamientos violentos con la policía. Estas acciones irían acompañadas de un levantamiento formado por ex oficiales militares.
Para ello laCoordinadora Nacional Militar contó con el apoyo de la UNIÓN DE MILITARES RETIRADOS DE SANTA CRUZ.
La sede de los gobiernos de transición se estableció en Santa Cruz y desde allí consolidaron los planes de dividir el país en dos frentes (este y oeste), lo que generaría el caos suficiente para que estallara la guerra civil.
De traer las armas se encargaron numerosos barcos que hicieron viajes en secreto desde los EEUU, Específicamente de Miami, al Puerto de IQUIQUE (Chile), cercano a la frontera con Bolivia.Estas armas y municiones se enviaron dentro de contenedores que fueron recepcionados por personas no vinculadas a las actividades de los oposicitores.
El encargado de comprar las armas en los Estados Unidos y hacer que llegaran a la "COORDINADORA NACIONAL MILITAR" fue Juan Carlos Rivero, persona vinculada a Manfred Reyes un político opositor que vive en los EE.UU.
La embajada estadounidense se encargó del seguimiento permanente de la entrega de armas y municiones a través de colaboradores secretos .
Las armas que se enviaron a Bolivia incluían municiones de diferentes calibres, pólvora, máquinas para fabricar y calibrar proyectiles, estuches de rifles y armas.
Paralelamente, el COMITÉ CÍVICO se encargó de reclutar a ciudadanos bolivianos para comprar votos a favor del candidato a la oposición CARLOS MESA , por un valor de 50 dolares por votante.El pago se llevaría a cabo después de la votación.
Finalmente, si bien la embajada americana estuvo trabajando para consolidar a Oscar Ortíz por encima de Carlos Mesa, su objetivo principal no era otro que eliminar a Evo Morales de la Presidencia.
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