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La "manita" de Juan Manuel Moreno a la COPE, fabricándole un traje a medida, puede acabar en los tribunales

La 'manita' de Juan Manuel Moreno a la COPE, fabricándole un traje a medida, puede acabar en los tribunales
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El Ejecutivo de Moreno Bonilla aprobó un decreto Ley que regulariza de facto los postes pirata y cuyo objetivo no fue otro que beneficiar con esta regularización a la COPE. Ante esto la Asociación Española de Radiodifusión Comercial se ha mostrado en contra y arremete contra la Junta con llevarles ante los tribunales.
La 'manita' de Juan Manuel Moreno a la COPE, fabricándole un traje a medida, puede acabar en los tribunales

La Junta de Andalucía gobernada por PP y Ciudadanos con el apoyo y las directrices de Vox ya no se esconde y ha fichado a Álvaro Zancajo, Mariló Montero y Carlos Herrera, para contrarestar a los profesionales de Canal Sur.

Tras la llegada de Álvaro Zancajo,este para controlar los informativos de Canal Sur,colocó como presentadora del informativo estrella a Mariló Montero.

Sin embargo no sería esta la única actuación que el Presidente de la Junta llevaría a cabo para controlar los medios.

Si no hace mucho conocíamos como desde la Junta se premiaba económicamente a los medios que halagaban al presidente andaluz y a los miembros de su gobierno, poco después hemos visto que aprovechando la pandemia, Moreno Bonilla y los suyos aprobaban un decreto Ley con el que "regularizar de facto" las emisoras pirata que nutren a COPE, condonando de camino la multa de 400 millones de euros que debía recibir por la tenencia y uso de postes ilegales.

Así, la COPE no tiene que cerrar sus emisoras pirata.

Ante esto la oposición andaluza, baraja llevar el asunto a los tribunales.Algo a lo que se ha sumado y al parecer tiene el visto bueno de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial que ha denunciado que “en un paquete de medidas con el pretexto de agilizar trámites administrativos, se cambia el régimen jurídico de gestión de las emisoras municipales, facultando a los Ayuntamientos para que puedan ceder su gestión indirecta a terceros, incluidas las emisoras comerciales”. Una regulación hecha “sin consultar al sector, sin debate parlamentario y sin trámite de alegaciones".

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