La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, valora que el Tribunal de Justicia de la UE constata una vez más el abuso continuado de la contratación de empleados públicos temporales en España y exige medidas urgentes para atajar la precariedad.
En el caso particular de la provincia y según los últimos datos presentados, a julio de 2019 por el Registro Central de Personal al servicio de la Administración Pública, de más de 37.000 empleados públicos, un 21’75 por ciento es interino, esto supone más de 8.000 trabajadores en Almería.
Por sectores, en Almería el peor parado es el de Sanidad con una temporalidad que roza el 27 por ciento con más de 3.000 profesionales. Le siguen Administración General de la Junta de Andalucía y Educación con 2.125 y cerca de 2.000 respectivamente, así como la Administración Local con más de dos millares o Justicia con una interinidad de un 20 por ciento.
Por último, los sectores menos afectados son la UAL, con un seis por ciento de interinos, es decir 25 trabajadores o la Administración General del Estado en Almería con un 8 por ciento de trabajadores temporales. Todo ello, sin contar con la temporalidad de un amplio número de trabajadores que empresas públicas y privadas que desempeñan servicios públicos
La sentencia conocida ayer, día 19, declara que serán los Tribunales españoles quienes deberán determinar, en virtud de la legislación de nuestro país, si procede la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente.
Desde CSIF destacan que, por ejemplo, más de 100.000 empleados temporales de la sanidad trabajan codo con codo con el personal fijo para atender a los ciudadanos en la peor crisis sanitaria de nuestra historia reciente, al igual que vienen haciendo el resto de empleados temporales en el conjunto de las administraciones para garantizar unos servicios públicos efectivos.
Para el sindicato, la administración no puede perder ni un minuto más en eliminar la tasa de reposición que impide la convocatoria de plazas estructurales ocupadas por personal temporal y el desarrollo de los procesos selectivos, teniendo en cuenta que solo se han puesto en marcha procesos de reducción de temporalidad para un 20 por ciento de las plazas contempladas y hay unas 300.000 personas interinas a la espera.
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