Asegura que las acusaciones del diputado Joaquín Segado en relación a la apertura de un CATE y de la vicepresidenta del gobierno regional sobre una supuesta emergencia social solo pueden responder a la ignorancia más absoluta o a un uso político de este drama humanitario
Francisco Jiménez atribuye a un profundo desconocimiento en la gestión y los protocolos de actuación el acoso institucional y político que está sufriendo la Delegación del Gobierno por parte del ayuntamiento de Cartagena y del gobierno regional empleando una estrategia de reiteradas y estudiadas acusaciones en relación a la llegada de inmigrantes a nuestras costas en los últimos días.
El delegado del Gobierno lamenta profundamente el uso político de un drama humanitario como la inmigración y considera injustificable la deslealtad de las dos administraciones en este asunto. “Solo puedo atribuir estas manifestaciones a su ignorancia más absoluta o a un uso partidista de una política de Estado, cuyas medidas y actuaciones trascienden nuestras fronteras, con el único fin de agitar el escenario político y crear inestabilidad en esta época de precampaña electoral”, ha manifestado Jiménez.
El delegado del Gobierno asegura que la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, miente cuando afirma que el CIE de Sangonera La Verde está cerrado. “Es falso que esté cerrado. Está a pleno rendimiento, y ahí y a otros CIE de España vamos derivando a los inmigrantes a medida que se liberan plazas al ejecutar órdenes de expulsión”, ha explicado Jiménez, que asegura que el año que viene se acometerá una importante reforma y ampliación de sus instalaciones para mejorar la atención a los inmigrantes, cuestión que no ha sido acometida por gobiernos anteriores a pesar de cifras de llegada de inmigrantes considerablemente superiores
El delegado del Gobierno reitera, en contra de las afirmaciones de Arroyo, que la Delegación del Gobierno no ha ignorado el ofrecimiento de ayuda del ayuntamiento de Cartagena. “Simplemente, para esas primeras 72 horas, el ayuntamiento no puede prestar ninguna ayuda de acogida, pues, durante ese tiempo, los inmigrantes sólo pueden estar bajo custodia policial y, posteriormente, los que no ingresan en los CIE, son derivados a las ONG del Sistema Nacional de Acogida, competencia exclusiva del Ministerio del Interior y el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social”, asegura Jiménez.
El delegado del Gobierno insiste en que si el ayuntamiento realmente quiere ayudar lo que tiene que hacer es mostrar la debida lealtad, dejar trabajar a los cientos de profesionales del Estado que se sacrifican personal y profesionalmente cada día para salvar a estas personas en alta mar y atenderlas con la mayor dignidad posible y esperar a que su ayuda sea solicitada.
“En las reuniones mantenidas con la alcaldesa de Cartagena quedó muy claro que pediríamos su ayuda, la única que pueden prestar en esas primeras 72 horas, cuando hiciera falta habilitar un pabellón ante una avalancha excepcional y continuada, como la sucedida hace dos años, y que afortunadamente no se ha producido en esta ocasión. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes desde el principio y nos hemos mantenido al margen de polémicas, pero cuando compruebas que, reiteradamente, se hace un uso interesado y desleal de este asunto, nos vemos obligados a desmentir
Si (
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