Abelardo Genaro Moya era un altocargo de la Junta de Andalucía, José Luis Almazán Palomino pertenece al PP de Melilla y Albino Pardo Rodríguez fue el director del Puerto de Cádiz.
Los tres declararán como imputados en la pieza ocho del caso Lezo, Con este interrogatorio el juez pretenede esclarecer la supuesta vinculación de estos con el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contrato de obra pública.
Los tres han sido acusados de un delito de cohecho.
Los otros tres políticos no citados aún son Luis Pedro Suárez Trenor, exdirigente de Coalición Canaria y expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife; Luis Manuel Bruno Romero, ex subdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento con el PP; y Antonio Ángel Castro Cordobez, quien fuera consejero de Infraestructuras de Canarias y ahora es diputado regional de CC.
Según un informe de la Fiscalía y la Guardia Civil había una "práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional".
Abelardo Genaro Moya, tendrá que acudir el próximo 12 de junio . Como gerente de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A era el responsable de asignar dos de las adjudicaciones investigadas. ABC publico que habría cobrado 58.000 euros de la constructora.
Ese mismo día declarará también Mariano Javier Peláez Toré, quien en una de las grabaciones alude a una presunta mordida de dos millones de euros vinculada a la sociedad pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y al día siguiente lo hará José Luis Almazán Palomino, quien fuera miembro de la Ejecutiva del PP de Melilla al que se le vincula con el pago de 400.000 euros de las elecciones europeas del PP". Otro que acudirá ante el juez es Albino Pardo Rodríguez, exdirector del Puerto de Cádiz.
La investigación se basa en contratos de adjudicación de obra pública en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid va de los años 2003 a 2014, cvontratos supuestamente amañados previo pago de comisiones ilegales por un valor de 38,6 millones de euros, según la contabilidad intervenida por orden judicial en el domicilio Paulino Hernández, quien fuera director de control de gestión de la constructora y principal sospechoso en esta nueva investigación.
El propio Hernández declaró la semana pasada en calidad de investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional. También compareció bajo la misma figura el exdelegado de obra civil de Andalucía Oriental, José Manuel Sanjurjo. Ambos estarían al tanto del pago de presuntas mordidas.
Entre los políticos aludidos en las grabaciones de uno de los empleados se encuentra el ex director general de Acuamed Adrián Baltanás, quien durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue considerado uno de los hombres de confianza en el Ministerio de Medio Ambiente de la actual presidenta del PSOE y senadora, Cristina Narbona. Aunque se le menciona en uno de los audios incautados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, hasta el momento no ha sido llamado a declarar ni como investigado ni como testigo.
Desde el Consejo de Administración de OHL han subrayado que trabajan para asegurar que todos los empleados y directivos del Grupo OHL cumplan siempre, no sólo con la legislación aplicable y con las más exigentes prácticas de buen gobierno corporativo, sino también con su Código Ético y su Política Anticorrupción.
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