IU PIDE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA AUTONOMÍA MURCIANA POR HACER DEJACIÓN DE SUS COMPETENCIAS EN LA PROTECCIÓN DE COPE-CALNEGRE
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IU PIDE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA AUTONOMÍA MURCIANA POR HACER DEJACIÓN DE SUS COMPETENCIAS EN LA PROTECCIÓN DE COPE-CALNEGRE

miércoles 17 de abril de 2019, 11:31h
27 años de retraso en la aprobación del PORN y la impunidad ante los continuos y reiterados sabotajes, roturaciones, y agresiones a los valores ambientales del Parque Regional llevan a IU a solicitar esa intervención

El Portavoz municipal de IU-V, Pedro Sosa, ha presentado ante los medios de comunicación una rueda de prensa coral de su formación política en torno a la destrucción del Parque Regional Cabo Cope-Calnegre en la que han participado el Coordinador Regional y candidato de IU-V a la Presidencia de la CARM, José Luis Alvárez-Castellanos; la concejala de IU en el Ayuntamiento de Águilas, Isabel María Torrente; y la concejala lorquina de la formación, Gloría Martín.

El Coordinador Regional de IU-V ha afirmado que la política pública de protección de espacios naturales por parte del Gobierno regional roza la prevaricación ante la evidente dejación de funciones que implica el hecho de que llevemos nada menos que 27 años de retraso en la aprobación de algunos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORNs) entre los que destaca el del parque regional costero de Cope-Calnegre. Alvárez-Castellanos ha explicado que la legislación básica del Estado contempla que la aprobación de los PORNs debe ser previa a la declaración de los espacios naturales y que sólo excepcionalmente se contempla su aprobación posterior que, previene la Ley, debería producirse en el improrrogable plazo de un año. Que hayan pasado 27 años, que haya habida hasta 5 sentencias judiciales contra las pretensiones del gobierno regional de desproteger ese espacio natural y todo el cúmulo de agresiones acumuladas sin respuesta de la autoridad ambiental regional a las que ha sido y está siendo sometido el Parque Regional nos llevan a recurrir al Gobierno de la Nación.

El candidato regional de IU-V también ha destacado que el Ayuntamiento de Lorca debería modificar cuanto antes su Plan General urbanístico y adecuarlo a las sentencias de los tribunales en torno al espacio natural, para descartar de una vez para siempre la urbanización de este tesoro natural repartido entre los municipios de Águilas y Lorca. Alvárez-Castellanos ha pedido finalmente que también se implementen las reivindicaciones de los colectivos ecologistas en el sentido de extender a todo el parque regional las figuras (LIC y ZEPA) y el régimen de protección de la Directiva Hábitat.

Por su parte la Concejala de IU-Águilas, Isabel Torrente, ha detallado las circunstancias que han rodeado la última agresión contra el parque regional en el municipio aguileño en las proximidades de la torre de Cope, afirmando que fue llamada por un grupo de vecinos del entorno al percatarse de la roturación con maquinaria pesada y que está estaba destruyendo flora protegida y realizándose sobre terrenos en los que se reproduce actualmente una gran cantidad de tortugas moras, que es una especie declarada “vulnerable” en la normativa murciana. Ante la llamada, la concejala de IU se dirigió al SEPRONA y ante la puntual falta de efectivos de ese servicio de la Guardia Civil, llamó a la Policía Local de Águilas que finalmente paralizó una actuación en la que se han descarnado nada menos que 2500 metros de terreno lleno de endemismos de flora y fauna. Torrente ha abundado en la desprotección que sufre el parque regional y en el hecho de que el PP no quiere gestionar sus competencias en materia de protección de espacios naturales ya que toleran y normalizan todas las agresiones y ataques a este espacio litoral.

Por último, la concejala de IU-V en Lorca, Gloria Martín, ha ido más lejos al señalar que asistimos al final de una nueva legislatura perdida para la ordenación de nuestro territorio, y muy especialmente en lo que tiene que ver con el parque natural Cabo-Cope Calnegre. Una más, porque llevamos 27 años esperando, sufriendo un vacío normativo legal, del que el Partido Popular es plenamente consciente, es responsable, y del que algunos se aprovechan para practicar la ley del salvaje Oeste.

Roturaciones ilegales, actos de sabotaje para impedir el control de accesos para vehículos a motor en espacios de alto valor ecológico, destrucción de los elementos que protegen la flora amenazada... Todo queda impune.

Ni siquiera han renunciado a su avaricia especulativa que nos podría privar para siempre de un paisaje virgen, de sus rarezas botánicas y de su fauna vulnerable, hoy desprotegidas.

La amenaza persiste, porque ni siquiera se ha disuelto el Consorcio de Marina de Cope, que tiene entre sus objetivos el "impulso, desarrollo, gestión y ejecución de la Actuación de Interés Regional Marina de Cope", a pesar de que ésta está anulada por sentencia judicial firme.

Tampoco el Ayuntamiento de Lorca ha anulado la adaptación de su Plan General de Ordenación Urbana para dar cabida a un proyecto tumbado por la Justicia.

Sobre los gobiernos autonómicos del PP pesa también la vergüenza de que la Comisión Europea haya incoado un procedimiento de infracción sobre el Estado español por el retraso en la aprobación de los planes de gestión de la Red Natura 2000, incluidos los de Cabo Cope-Calnegre. Esto puede derivar en sanciones económicas y en la reducción de ayudas por parte de los fondos europeos para la Región. Y a pesar de ello, continua su hiriente inacción.

El Partido Popular, sostiene la concejala de IU-V, no puede seguir asumiendo ni un minuto más las competencias en materia de desarrollo legislativo y ejecución sobre espacios naturales protegidos y protección del Medio Ambiente que le atribuye el artículo 11 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en el marco de la legislación básica del estado.

Y como llevamos 27 años de desesperación para que el Gobierno regional apruebe figura de los planes de ordenación de recursos naturales, que está dentro de esa legislación básica del Estado, creemos que ha llegado el momento de solicitar la intervención del Estado.

Y no hay demasiadas vías para hacerlo, ha dicho Martín. Una de ellas es el artículo 155 de la Constitución Española, que dice que si una Comunidad Autónoma no cumple con las obligaciones que la Carta Magna u otras leyes le imponen, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

La configuración que salga de las próximas elecciones generales, afirma la edil de IU-V, será vital para poder reclamar, con éxito, la aplicación de este artículo. Lo haremos inmediatamente tras constituirse las nuevas Cortes y exigiremos que todos se retraten.

Cuando se produce una quiebra en el cumplimiento de la ley por parte de quienes tienen el mandato de ejercitar, en su ámbito territorial, ciertas competencias de las que han abdicado con una terrible irresponsabilidad, existen medidas excepcionales, aunque supongan quebrar el principio de autonomía. A estas alturas, tras casi tres décadas de insumisión por parte de los gobiernos regionales del PP, creemos que es la única y penosa salida para el sistema funcione como debe, ha concluido Gloria Martín.

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