La formación morada envía una carta a la Casa Real, dirigida a Don Juan Carlos, pidiéndole que comparezca por voluntad propia en el Congreso para dar explicaciones sobre los posibles actividades irregulares que pudiera haber cometido tras desvelarse las conversaciones entre Corinna y el ex comisario Villarejo .
La carta dice así:
A la atención de Juan Carlos I,Madrid, 15 de noviembre de 2018.
Estimado:
Nos dirigimos a usted, en el ejercicio de nuestra responsabilidad parlamentaria, para solicitarle su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados con el fin de dar cuenta de su actividad institucional como jefe del Estado durante más de 38 años y como rey emérito desde 2014.
Las personas abajo firmantes somos representantes electos por la soberanía popular en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
En el ejercicio de nuestras funciones parlamentarias, nos dirigimos a usted por su condición de rey emérito, o lo que es lo mismo: por haber ostentado durante casi 39 años la jefatura del Estado hasta su abdicación en la persona de don Felipe de Borbón y Grecia. Nos dirigimos a usted convencidos de que el ejercicio de responsabilidades en el Estado conlleva obligaciones frente al soberano, el pueblo, pues —más allá de los privilegios reales contenidos en la Constitución— debe primar su artículo 1.2: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».
Vivimos en el siglo xxi y la democracia en España goza de suficiente madurez para ejercer su derecho a saber si la jefatura del Estado es una institución idónea para la corrupción, aunque no esté sujeta a ninguna responsabilidad.
El 16 de octubre de 2018, la Mesa del Congreso se negó a admitir a trámite la solicitud de creación de una comisión de investigación relativa a las presuntas ilegalidades cometidas por su majestad Juan Carlos I, con el siguiente argumento:
Considerando asimismo que el artículo 76 de la Constitución ha de interpretarse de forma integrada con el resto de los preceptos constitucionales y así, en este caso concreto, aun cuando las comisiones de investigación puedan versar sobre cualquier asunto de interés público, no cabe por esta vía se pretenda exigir, como
se dice expresamente en la iniciativa inadmitida a trámite, responsabilidades políticas a quien no está sujeto a ningún tipo de responsabilidad y, en consecuencia, no puede ser sometido a control político directo o indirecto, de ninguna clase.
Desde hace unos años el pueblo español ha asistido a la publicación de una serie de informaciones que ponen en cuestión la institución monárquica al relacionarla con tramas de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Esta cascada informativa ha suscitado un amplísimo debate público en nuestra sociedad. Hemos conocido
diferentes versiones de dichas informaciones y creemos que usted tiene derecho a dar su versión con todas las garantías y que el pueblo español tiene también derecho a escucharle. Entendemos que el derecho a la verdad es previo al debate acerca de la protección otorgada por la inviolabilidad e irresponsabilidad de la jefatura del Estado durante el ejercicio de sus funciones.
Las noticias aparecidas en los diferentes medios de comunicación hacen referencia a hechos ocurridos durante su mandato como jefe del Estado y, asimismo, desde que usted ostenta la actual condición de rey emérito. Somos conocedores del aforamiento otorgado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reserva al Tribunal Supremo el conocimiento de cualquier causa civil o penal contra su majestad. Precisamente este hecho acredita, de forma indudable, que la pérdida de la jefatura del Estado conlleva la pérdida de la inviolabilidad y la existencia de responsabilidad por sus actos.
En el año en el que se conmemora el cuarenta aniversario de la Constitución de 1978, han sido dos las veces que hemos solicitado la apertura de una comisión de investigación en el Congreso y las dos veces hemos recibido una negativa a la posibilidad siquiera de debatir este asunto. Entendemos que los partidos monárquicos deberían ser los más interesados en que el pueblo pueda conocer su versión de los hechos, pero desgraciadamente no ha sido así.
La corrupción es el mecanismo antidemocrático de las élites económicas para controlar el Estado sin presentarse a las elecciones. Por ello, el principal objetivo de su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados sería el de evaluar la idoneidad de la institución monárquica para afrontar la corrupción y para que ninguna institución del Estado haga de la irresponsabilidad un privilegio.
Le agradecemos su atención a este Grupo Parlamentario Confederal, y esperamos que comprenda la importancia de la comparecencia que le solicitamos. Esperamos su respuesta.
Si (
No(
