Este encargo se suma, al de Javier Arenas, que como recuerdan iba a ser un dossier pagado por el Partido Popular, según le explicitó Ignacio López del Hierro al entonces adjunto al director Operativo de la Policía José Manuel Villarejo. Este trabajo también se derivo de la entrevista clandestina que mantuvieron Dolores de Cospedal y su marido López del Hierro en su despacho oficial en la sede del PP con el comisario Villarejo, a finales de julio.

María Dolores de Cospedal ha anunciado su dimisión como miembro del comité ejecutivo, máximo órgano de dirección del partido, tras la difusión de sus conversaciones con el comisario encarcelado José Manuel Villarejo que revelan, entre otras cosas, cómo encargó un informe para investigar a su compañero de partido Javier Arenas. Cospedal, sin embargo, mantiene por el momento su escaño en el Congreso. El PP no le ha pedido que renuncie a su acta de diputada.

La ex secretaria general justifica su renuncia por los "múltiples ataques" que dice haber recibido tras la difusión de sus conversaciones con Villarejo y "para evitar que estos se hagan extensivos" a su formación política.

Casado marcó distancias con Cospedal desde la difusión de las grabaciones a pesar de los apoyos de la ex secretaria general que fueron clave en su victoria en las primarias del partido "Mi único compromiso es con los afiliados que me eligieron ha dicho obviando que los militantes a quien eligieron fue a Soraya Saenz de Santamaría.

Cospedal ha dicho que investigar a Arenas era su "obligación" y que ella nunca había mentido sobre este asunto.

En el comunicado en el que anuncia su renuncia a su puesto en el comité ejecutivo del PP, Cospedal insiste en que se reunió con Villarejo en su despacho de la sede del partido pensando que era su obligación como secretaria general "para tener toda la información posible acerca de los hechos que pudieran perjudicar a la formación". "Mi lucha contra la corrupción ha sido siempre una prioridad".

Que Cospedal ha delinquido parece cada vez más claro. Su ventaje es que los delitos podrían haber prescrito. No obstante algunos juristas entienden que no es así y que la otrora todopoderosa secretaria general podría tener serios problemas y que incluso podría verse entre rejas. Así a la la exsecretaria del PP se le podrían amontonar los delitos después de quehayan salido a la luz las conversaciones con el excomisario Villarejo.

Su futuro con la justicia podría hacerla sentarse en el banquillo por las siguientes causas:

Obstrucción a la Justicia. Los autores de la historia han hecho saltar la alarma del Artículo 465.2 del Código Penal en el que habla de la destrucción de pruebas. Y es que Villarejo dijo en las conversaciones que han salido a la luz con Cospedal que necesitaba destruir el “puto” pendrive donde se encontraban esas pruebas que necesita la justicia analizar.

Puede ser llamada comoTestigo y debería estar obligada a decir la verdad y nada más que la verdad en caso de ser citada, que será lo más seguro, en el juicio contra el excomisario, como ya ocurrió con el expresidente Mariano Rajoy. Todo esto es porque Cospedal reconoce, en las conversaciones reveladas, que conocía la existencia de los sobresueldos.

Asociación y reunión ilícita. El artículo 154 del Código Penal ha saltado en esta ocasión contra la expolítico del PP. Este punto de la justicia pena a los que se reúnen conscientemente con la intención de vulnerar la ley, como presuntamente han hecho ellos.

Inducción a la revelación de secretos.Si fuese ella, y así se confirmase, la autora intelectual de todo este escándalo, la pena que recoge el artículo 197 bis es de entre seis meses a dos años de prisión. Y si tuviese contraseñas y claves que salvaguardasen el delito, hasta 18 meses de cárcel más.

Prevaricación. Hasta ocho meses de cárcel, según pena el Artículo 406 del Código Pena, por utilizar funcionarios públicos por y para el interés personal con la intención de llegar hasta documentos privados.

Cohecho.Esto es cuando alguien paga por los servicios de los que se le acusa, es decir, de frenar las investigaciones del Caso Gürtel, y que desde Génova desmienten. Para eso está el artículo 424 del Código Penal.

Delito contra la administración pública. Hasta cuatro años de cárcel, según el artículo 417 del Código Penal, por utilizar el poder del puesto de funcionario público, como Villarejo, para acceder a documentos reservados con el fin de destruirlos.