El que fuera vicepresidente del Gobierno de España y director del FMI, Rodrigo Rato, está más cerca de pisar la cárcel.

La condena de Rodrigo Rato por las tarjetas “black” de Caja Madrid deja al descubierto a un ladrón de guante blanco que pudo llegar a Presidente del gobierno.

Las ‘tarjetas black’ se repartieron entre consejeros y directivos para gastos al margen de sus retribuciones, con un quebranto de 12 millones de euros.

La condena de cuatro años ratificada por el Supremo no hay opción de suspenderla; de este modo, una vez notificada, el Supremo devolverá las actuaciones a la Audiencia Nacional, que emitirá la ejecutoria para el ingreso a un recinto penitenciario.

Rodrigo Rato puede recurrir al Tribunal Constitucional aunque no dejaría en suspenso su entrada en prisión. Como saben el exvicepresidente del Gobierno es culpable de apropiación indebida al continuar con los pagos en negro creados en 1988 y mantenidos por Blesa.

La sentencia atribuye a Rato y a Blesa el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de Caja Madrid y Bankia del dinero de la Caja, rescatada con 22.000 millones de dinero público, para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran.

Rato gastó con su tarjeta black 99.054,59 euros.

Al resto de exconsejeros y exdirectivos, el Tribunal Supremo los considera autores del delito en grado de colaboración y les impone penas de entre cuatro años de prisión y tres meses, dependiendo del importe gastado y de si lo han devuelto o no. Entre los condenados hay representantes de partidos políticos (PP, PSOE e IU), de los sindicatos (UGT, CCOO y Confederación de Cuadros), de las patronales CEOE y CEIM e incluso la Casa Real. La Fiscalía había solicitado al alto tribunal que rechazara los recursos de los procesados y confirmara las condenas impuestas por la Audiencia Nacional.

Hoy el alto tribunal lo considera autor de un delito continuado de apropiación indebida al confirmar que, en la época en la que presidió Bankia, mantuvo el sistema opaco de retribuciones creado en 1988 y consolidado por su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017.

El Supremo considera proporcionada la pena de cuatro años y seis meses impuesta a Rato por su posición preeminente en las entidades de cuyo patrimonio "se lucró indebidamente y permitió el lucro de los demás". Y recuerda que precisamente que esa posición de máximo responsable de Caja Madrid y después de Bankia le obligaba especialmente a la protección de los intereses de ambas entidades, "lo que desconoció durante un apreciable periodo de tiempo y por cuantías importantes, como resulta de los hechos probados".