El motivo del despido fulminante fue la pieza sobre la extradición del empresario Ángel Pérez-Maura y la aparición entre los documentos del policía retirado de una nota en la que este refleja una supuesta cita con ella bajo un nombre en clave.
El pasado lunes, después de que este diario publicara la información sobre el apunte, Justicia remitió un comunicado en que desmentía haber mantenido con Villarejo ninguna cita. "La actual ministra de Justicia, mientras ejerció como fiscal de la Audiencia Nacional, ni concertó ni mantuvo cita alguna con el comisario citado en la información, con el que nunca ha tenido relación de ningún tipo"
Un hora y media más tarde, en declaraciones a los medios a la salida de un acto, vino la primera matización. "No he tenido ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado el excomisario Villarejo en la Audiencia Nacional mientras yo he desempeñado allí mi trabajo como fiscal". De ningún tipo a profesional relacionada con asuntos de la Audiencia Nacional.
Según El Confidencial la tercera tardó 24 horas. En un nuevo comunicado, dijo entonces que la relación no era ni personal, ni profesional, ni oficial ni no oficial, y añadió detrás una coletilla en la que dejaba caer que quizás habían coincidido en ocasiones en algún lugar público. Negó así cualquier vínculo con él "más allá de haber coincidido en compañía de otras personas en algún evento". No identificaba a esas personas pero estas afirmaciones se efectuaron el mismo día en que se publicaba que su íntimo amigo el exjuez Baltasar Garzón está siendo investigado en el mismo procedimiento por pagos efectuados por Villarejo a su favor.
La situación calca milimétricamente una anterior sucedida hace solo tres semanas ante otra crisis que colocó a la ministra en el foco. Las idas y venidas sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la demanda civil de Carles Puigdemont y la evidente rectificación de su postura por parte de Moncloa que obligó a que se le representara también por sus declaraciones privadas ante los tribunales belgas.
En aquella ocasión hubo amenazas de ceses y ceses efectivos en dos fases. En la primera, el malestar de la ministra por la publicación, en distintos medios de comunicación, de los informes de la Abogacía del Estado que patentaban un criterio contrario al que ella defendía provocó una verdadera caza de brujas en las filas de los servicios jurídicos del Estado. Varias personas vieron peligrar sus puestos. En la segunda, Delgado se centró en el departamento de Comunicación y expulsó a su jefa de prensa por "pérdida de confianza".
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