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Pedro Sánchez, el nuevo Mendizabal
Pedro Sánchez, el nuevo Mendizabal

Pedro Sánchez, el nuevo Mendizabal

martes 11 de septiembre de 2018, 11:57h
Después del regalo de Aznar, Sánchez obligado a tomar medidas para que la iglesia devuelva lo robado y entre otras cosas exigirá la devolución de bienes públicos registrados por religiosos como la Seo de Zaragoza y la Catedral-Mezquita de Córdoba

Fue Antonio Hurtado diputado socialista por Córdoba, el que dio a conocer la respuesta una respuesta del Gobierno que la iglesia ya esperaba desde hacía tiempo.

Pedro Sánchez al que la iglesía teme como una vara verde por considerarlo el nuevo Mendizabal parece tenerlo claro, la iglesia deberá devolver el patrimonio del que se ha venido apropiando con el beneplácito del expresidente Aznar.

Antonio Hurtado a respondido a la pregunta sobre el destino de los bienes que los obispos inscribieron en los registros de la propiedad al amparo de una ley franquista de 1946 que los equiparaba con funcionarios públicos y por lo que no tenían que demostrar la titularidad de la propiedad para inscribirla a su nombre. La iglesia tiene que devolver los bienes o el gobierno se los expropiará.

Los obispos ven una desamortización encubierta, así lo afirma el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo,que ya ha avisado de que la intención del Gobierno.

En la respuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez explica que la Constitución y la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas determinan que la Iglesia no puede apropiarse de «bienes de dominio público». Por ello, «si a pesar del control por parte del registrador, hubieran accedido a Registro como bienes de propiedad privada bienes que efectivamente lo son de dominio público deberá procederse a la correspondiente depuración física y jurídica, conforme al Derecho sustantivo material», precisa el escrito con fecha del 5 de septiembre y que adelantó este lunes la Cadena Ser. El texto precisa también que los bienes de dominio público están «sometidos a los principios constitucionales de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad».

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