Pablo Casado no es la inocente doncella que pasaba por la Juan Carlos I

Pablo Casado no es la inocente doncella que pasaba por la Juan Carlos I

jueves 09 de agosto de 2018, 12:02h
Aunque Enrique Álvarez Conde era el "urdidor"de un plan preconcebido", que la juez califica como "sistema de prebendas centrado en regalar títulos académicos", Pablo Casado sabía donde se metía y que lo que hacía era ilegal.

En las conclusiones enviadas al Tribunal Supremo, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel incide en una de las claves que justificaría este presunto entramado: sin alumnos sus cursos y posgrados se extinguían. Por lo tanto, esta actuación "permitía la supervivencia del máster".

El catedrático de Derecho Constitucional necesitaba cada curso escolar nuevas matrículas. Sin embargo, los beneficiados de esas "prebendas" no eran estudiantes ordinarios sino escogidos, y la magistrada destaca que con este proceso conseguía crear "un clima favorable" entre relaciones políticas y profesionales. Su lucro no terminaba ahí, también aumentaba "el prestigio de su instituto" con la presencia de alumnos como Casado o Cifuentes, según el escrito judicial.

Estas actuaciones estaban amparadas por el Instituto de Derecho Público, una empresa que funcionaba de manera opaca bajo el paraguas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, dirigido por Enrique Álvarez Conde, que organizó el máster de Cifuentes y de Casado y que ha acabado siendo clausurada tras la multitud de indicios de delitos hallados.

En la promoción del presidente del PP, Rodríguez-Medel ha imputado a tres alumnas al encontrar indicios de que no hicieron ningún esfuerzo académico para obtener el título. Entre los compañeros que se matricularon junto a la expresidenta madrileña también hay dos investigados: la propia Cifuentes y Álvaro Morente. Este alumno, según el último escrito judicial, "reconoció haberse matriculado a instancia" de Maite Feito, imputada también en esta causa por presionar a la Universidad para que elaborase una coartada después de eldiario.es destapase este escándalo. Su hija se encuentra en la misma situación judicial por beneficiarse presuntamente de las prebendas del catedrático en el máster de Casado.

Así el catedrático imputado concertaba "con un grupo de alumnos" la matrícula del máster y la convalidación máxima de 40 de los 60 créditos totales del posgrado. Posteriormente, garantizaba a estos estudiantes la obtención de los 20 créditos que faltaban sin hacer nada, siempre y cuando hubiesen "cumplido con el pago de la matrícula".

María Dolores Cancio, una las alumnas que recibió como "regalo" el máster en el curso 2008/09, realizó ante la magistrada un perfil del director del Instituto de Derecho Público. Cuando se inscribió en el posgrado era becaria de este organismo de la Universidad Rey Juan Carlos y relató en sede judicial de "manera muy gráfica" cómo Álvarez Conde "tenía un poder absoluto en el Instituto".

Su concepto de lealtad daba a sus colaboradores "poco margen a negarse a sus instrucciones", incide el escrito enviado al Supremo. Tal y como también relataron en su declaración las dos docentes imputadas que aparecen en el acta fabricada para justificar la defensa del trabajo final de máster (TFM) de la expresidenta madrileña. Rodríguez Medel apunta a Álvarez Conde como "urdidor" al constatar que tiene "el dominio (de hecho y de derecho)" del proceso de reconocimiento de créditos y de las calificaciones posteriores.

Convalidaciones con firmas falsificadas y desconocidas por los alumnos implicados, actas de TFM de estudiantes que aseguran que no fueron a clase, calificaciones en asignaturas en las que no hicieron "ni el huevo", tal y como reconoció Pedro Calvo, son algunos de los documentos sobre los que eldiario.es ha informado en los últimos meses y que ilustran cómo se organizaba internamente el flujo económico alrededor de los cursos de máster oficiales y los trámites de los responsables para engrosar la lista de alumnos.

Los másteres que pasaban por el IDP acababan dejando un beneficio directo o indirecto en los bolsillos de algunos de sus responsables. Aunque las matrículas se gestionaban desde los servicios de la Universidad, la fórmula general consistía en que, a más alumnos, más dinero para repartir entre los docentes que daban las clases, los que dirigían trabajos de fin de máster y el director del curso.

En el curso 2011-2012, cuando se matriculó la expresidenta de Madrid, el antiguo rector de la URJC informaba que el importe máximo por hora de clase era de 90 euros y la "cuantía máxima será de 200 euros por trabajo tutorizado", según documentación de la Universidad a la que accedió esta redacción. Además, avisaba de que los importes se verían reducidos proporcionalmente en función de los ingresos reales.

A pesar de todas estas acusaciones, Álvarez Conde mantiene su silencio. En junio se negó a declarar ante la jueza. Se limitó a leer un escrito en el que aseguraba que no iba a contestar a nada hasta que no se resuelva un recurso que interpuso para limitar la investigación y la magistrada no decidiese si mandaba la investigación al Tribunal Supremo. Una vez que esto último ya ha ocurrido, habrá que esperar para saber si el catedrático mantiene la misma estrategia.

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