ETA ha publicado este jueves un comunicado en el que confirma el final de su trayectoria asesina y el desmantelamiento total del conjunto de sus estructuras. Lo hace 59n años después de su primer asesinato dejando atrás una sangrante historia que, según el Ministerio de Interior, ha dejado 853 víctimas mortales y más de 6.300 heridos. Un punto y final que no cierra la historia, y es que más allá de los más de 350 casos aún sin resolver, la banda terrorista tiene cerca de 300 de sus miembros encarcelados entre España y Francia bajo la denominada política de dispersión por todo el territorio, lo que pone sobre la mesa el siguiente debate en torno a ETA: el acercamiento o no de los presos de la organización a tierras vascas.
Y es que si bien todos los partidos coinciden que la democracia ha acabado venciendo a ETA, ya se vislumbran distintos puntos de vista en torno a la situación de los presos. El PP y, sobre todo Cs, se han manifestado contrarios a premiar de algún modo el cese definitivo de ETA con el acercamiento de presos. No así el PSOE, que ha defendido que mantener alejados a los presos sólo sirve para que su mundo pueda hacerse la víctima, ni el PNV, que ve en la disolución de la banda la oportunidad para acercar a los presos, en lo que entiende como un deseo mayoritario de la sociedad vasca.
En concreto, actualmente hay 225 presos de ETA en 44 cárceles españolas y 62 más en 18 centros penitenciarios franceses. El 80% de ellos está a más de 400 kilómetros de distancia del País Vasco, provocando largos y costosos desplazamientos a unos familiares que llevan reclamando su acercamiento especialmente desde 2011, cuando cesó la actividad armada de la banda.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido tajante al asegurar queETA no conseguirá nada con el anuncio de su disolución, una notificación que ha tildado de “ruido” y “propaganda”. “Haga lo que haga ETA no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes, ETA puede anunciar su desaparición pero no desaparecen ni sus crímenes, ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlos”, ha defendido el jefe del Ejecutivo. “La única política de futuro en materia antiterrorista como siempre es aplicar la ley y que nadie se llame a engaño”, ha subrayado.
En un sentido similar, aunque incluso más contundente, se ha expresado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha manifestado que los terroristas no pueden obtener “ningún beneficio ante la Justicia”. De hecho, el jefe de filas de la formación naranja ha reprochado que los terroristas se lleven hoy un protagonismo que deberían tener las víctimas: “Ellos son los damnificados, los sacrificados, los que han padecido el dolor en primera persona, y también el pueblo español, que ha estado atemorizado durante más de 40 años por una banda terrorista”.
Un mensaje distinto al que ha lanzado desde Ferraz el exlehendakari Patxi López, que ha asegurado “el alejamiento, a día de hoy, sólo sirve para la victimización de ese mundo”. Es por ello que el secretario de Política Federal del PSOE ha defendido “una política penitenciaria diferente, sin calendario y con discreción”. Una política distinta y que, según López, se tiene que tratar al margen del anuncio de la disolución de la banda armada:
“Debemos hacer todo lo posible por no mezclar la política penitenciaria con el fin de ETA, porque entonces parecería un cambio de cromos”. En este sentido, el exlehendakari ha asegurado que la denominada vía Nanclares viene de lejos: “Desde hace años decimos que otra política penitenciaria es posible y razonable, pero no en respuesta al anuncio de ETA”.
Podemos no ha mencionado este jueves la dispersión de los presos y su secretario general, Pablo Iglesias, se ha limitado a celebrar la disolución de la banda, si bien ha considerado que “llega tarde” y ha echado en falta autocrítica y disculpas a todas las víctimas en el anuncio de la organización terrorista. Iglesias ha aplaudido que “la política y la normalidad sustituyan a la violencia y a la excepcionalidad es la mejor noticia. Que callen para siempre las pistolas; que hable la política”. En todo caso, a lo largo de los últimos años la formación morada ha pedido en varias ocasiones el fin de la dispersión porque, a su juicio, lo único que provoca es una condena para las familias.
El actual lehendakari, Íñigo Urkullu (PNV), asegura que se puede caminar en esta dirección y este jueves, en una entrevista en El País, sostenía que el Ejecutivo central es ahora “sensible” a un cambio de política para el acercamiento de presos. “El Gobierno siempre puso como condición para cambiar la política penitenciaria la disolución de ETA”, recordaba Urkullu, que además subrayaba que el cambio de rumbo se debe producir “no sólo por el final de ETA”: “Obedece a un deseo mayoritario de la sociedad vasca desde hace décadas”, agrega.
El lehendakari defendía que el acercamiento se puede llevar a cabo “dentro de la legislación vigente”, un mensaje claro del PNV en plena negociación por los Presupuestos Generales del Estado, donde el Gobierno necesita el aval de los nacionalistas vascos.
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