Enrique Álvarez Conde, catedrático y director del máster que supuestamente realizó Cristina Cifuentes, llegó a instruir a las tres profesoras que figuraban en el acta falsa.
La manipulación llego a tal estremo que en las reuniones con abogados para abordar el caso, llegó a manejarse cómo debían abordarse las preguntas ante la comisión de investigación universitaria. Así en ese intento de atarlo todo llegaron incluso a inventarse el vestuario que llevaba aquel día Cristina Cifuentes, para de esta manera dar veracidad a la farsa.
La versión de Cristina Cifuentes es que ese 2 de julio, en plena celebración de la Eurocopa de 2012, con cientos de miles de personas en las calles de Madrid cuando ella era delegada del Gobierno, se escapó a Vicálvaro a defender su trabajo fin de máster. Pero esta versión no se sostiene. Ese día debía haber un tribunal para ver ese resumen y puntuarlo. Cuando estalló el escándalo el pasado 21 de marzo desvelado por 'eldiario.es', la universidad aportó un acta con una composición del tribunal: Alicia López (presidenta del tribunal), Clara Souto (vocal) y Cecilia Rosado (secretaria). Son tres discípulas de Álvarez Conde. Solo una es titular de la plaza.
Poco después falsificaron el acta o como dicen ahora se reconstruyó y para ello falsificaron dos firmas aunque habrá que decir que se reconstruyeron. Después el resto era fácil, siempre y cuando los conocedores y reconstructores del tema mantuvieran la misma versión. Así Álvarez Conde las conminó a firmar apelando a su ascendencia sobre ellas, a la importancia que tenía para la universidad enterrar el caso y que no tuviera más trascendencia. A su vez, él había recibido una llamada del rector para conseguir un acta en un tiempo récord para tapar el escándalo. La Universidad Rey Juan Carlos venía de tener un rector dimitido por plagio y no quería nuevos escándalos.
Una de las cosas que hicieron fue buscar una fecha creíble. La mejor para Cifuentes era otro día de julio, probablemente el 5 de julio de 2012, siempre según fuentes del Instituto de Derecho Público. Pero al chequear sus agendas descubrieron que ese día las tres profesoras daban clase en un curso de verano en Aranjuez. La siguiente opción fue el 2 de julio. Ese mismo día se inauguraba el curso, pero eso es solo un acto protocolario y nos les impedía estar —supuestamente— después de comer en Vicálvaro, a 50 kilómetros de Aranjuez.
Sabiendo que el diablo está en los detalles, pensaron que convendría dar pinceladas de aquel caluroso día. Aunque Cifuentes acostumbra a usar colores vivos, el blanco pareció adecuado. El plan era no dar una descripción muy detallada, sino esgrimir que la presidenta lucía colores claros. Nadie podría poner en duda que tres profesoras se inventaran eso. Tampoco cabía esperar que dieran muchos detalles seis años después, por mucho que enfrente tuvieran a la delegada del Gobierno.
Y sí, las profesoras guardaron un silencio sepulcral durante días, pese al intento de los medios por abordarlas y esclarecer la farsa. Pero viendo la que se le venía encima decidieron aclaralo todo en una declaración oficial más si cabe al saber que falsificación en documento público es un delito y era previsible que el caso acabara en la Fiscalía, como así ha sido. La primera en declarar, Alicia López, dijo que esa no era su firma y que ella nunca evaluó a Cifuentes.
Ya no había componenda posible. Álvarez Conde consiguió retrasar su declaraciónhasta que declarara alguna profesora. Las otras dos supuestas integrantes del tribunal están de baja médica por el enorme estrés que están sufriendo. Es dudoso que tras lo sucedido alguna hable ya de los colores claros. Cifuentes ha declarado que ella no se acuerda de la composición del tribunal que la evaluó (y le dio supuestamente un 7,5) y que si hay alguna irregularidad es de la universidad, quien le proporcionó el acta como coartada.
Pero, ¿que papel jugó el rector?
Según parece fue parte de la falsificación al exigir al director del máster un acta en tres horas para avalar a Cifuentes.
Javier Ramos, buscó salvar de la quema a Cifuentes y presionó al Instituto de Derecho Público de la universidad para conseguir un acta que avalase el máster de Cristina Cifuentes. Lo hizo el pasado 21 de marzo, cuando estalló el escándalo del máster falsificado de Cifuentes. Según fuentes de la universidad, este llamó al catedrático Enrique Álvarez Conde, responsable del máster, para lograr un acta que avalase a Cifuentes en tres horas. Y este a su vez conminó a sus subordinadas. Pero el resultado fue una chapuza con garabatos en lugar de firmas y sin sellos que la universidad se ha negado a compulsar posteriormente. El engaño estalló el jueves, cuando la presidenta del tribunal no reconoció su firma ante la inspección interna de la universidad y esta envió el caso a la Fiscalía. Un portavoz del rector sostuvo anoche que pidió un acta para salir ante la prensa, pero no un acta falsa. Ahora tendrán que aclarar sus versiones ante la fiscalía.
Sin embargo 'eldiario.es' reveló que Cifuentes había aprobado un máster con notas falsificadas, la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid parecía contundente. Cifuentes esgrimió un acta firmada por tres profesoras según la cual el 2 de julio de 2012 defendió ante ese tribunal un trabajo fin de máster. "Tengo aquí un acta del trabajo de fin de máster, un acta que está firmada por las tres miembros del tribunal calificador con la fecha de la evaluación y la calificación del trabajo, que por cierto saqué un notable [...] Los papeles hay que enseñarlos. Hay que hablar con papeles", afirmó en un vídeo emitido en Periscope. "Seis profesores universitarios han empeñado su palabra, su prestigio y su carrera profesional de funcionarios públicos para afirmar, sin la más mínima duda, que todo el procedimiento académico en relación con el máster se llevó a cabo de acuerdo con la más absoluta legalidad, y que no hubo irregularidades", añadió en un comunicado.
Así quedo claro que el acta era un fraude. Poco después el Confidencial desveló el miércoles que el acta tenía al menos dos firmas falsificadas, algo que reafirma un peritaje pedido por este diario. Dos de las firmas no concuerdan en nada con las originales de dos de las profesoras. De ellas, solo una, Alicia López de los Mozos, es profesora titular de la Rey Juan Carlos. Las otras dos, Cecilia Rosado y Clara Souto, no tienen plaza en propiedad. López de los Mozos figuraba como presidenta del tribunal y las otras, como secretaria y vocal respectivamente.
Fuentes próximas al caso apuntaron que el rector tuvo algún contacto con Cifuentes esa mañana, algo que el rector negó en rueda de prensa a través de María Teresa Feito Higueruela, una asesora contratada por la Comunidad de Madrid que tiene plaza en la Rey Juan Carlos. Fuentes del Instituto de Derecho Público asignan a esta un papel clave en todo el caso, desde que en 2014 se manipularon las notas en el sistema informático para que dos no presentados pasaran a ser dos notables. Feito es una persona muy próxima a la hermana de Cifuentes, que en una extraña carrera pasó de personal de servicios de la universidad a profesora en una plaza reservada a personal de élite.
Un portavoz de la universidad afirmó la noche del jueves que efectivamente pidió un acta para salir ante la prensa, pero que en ningún momento presionó . "El rector pidió un acta, si tenían documentación que acreditara el máster, pero en ningún momento ha pretendido forzar nada", señaló este portavoz.
Como pidió el rector, se apañó un acta. Álvarez Conde conminó a sus subordinadas para lograrlo. Ha dirigido las tesis de las tres y les recordó su ascendencia sobre ellas. "En la universidad, un mentor tiene una ascendencia enorme y el poder sobre la carrera profesional de los profesores bajo su ala", cuenta una persona que conoce el proceso. Fue entonces cuando se apañó el acta que sirvió al rector para salvar la cara a Cifuentes.
Para entonces launiversidad ya estaba desacreditada, por más que lo intentaban nadie la creía pero aún así defendió la legalidad del máster de Cifuentes, para luego haciendo el paripé luego encargaar una "información reservada" o investigación a la jefa de la inspección de servicios. Las tres profesoras han guardado silencio durante días, pero llegado el momento de declarar ante la inspectora. No lo hicieron hasta ver como la situación se complicaba y entraba en escena la fiscalía. Alicia López, optó por tirar de la manta. Declaró que esa no era su firma y que ella nunca evaluó el trabajo de Cifuentes. No estaba dispuesta a seguir con esta versión y ratificó todo lo adelatado por este diario.
Las otras dos profesoras no acudieron por una baja por depresión. Están sometidas a un enorme estrés. Álvarez Conde intentó en un principio pactar una versión común. Incluso se reunieron con el abogado Juan Mestre, que además de amigo suyo es miembro del Instituto de Derecho Público es catedrático de Administrativo por la Universidad de Valencia y hermano de Esteban Mestre (curiosamente abogado de Ignacio González, la némesis en el PP madrileño de Cristina Cifuentes). En esas reuniones llegaron a hablar de las versiones que debían mantener sobre lo ocurrido el 2 de julio de 2012.
Con una versión conjunta de estos, la ofrecida por Cifuentes podía aguantar. De seguir el guion, tres profesoras y un catedrático estarían avalando a Cifuentes, además de la cúpula de la universidad. Si el acta con sello original no aparecía, podrían decir que se debió de perder porque esas actas se envían por correo ordinario y que son frecuentes los extravíos en una universidad con varios campus. Al desvelar El Confidencial que había firmas falsas, eso se tambaleaba, pero aún se podía esgrimir que rehicieron un acta verdadera, una irregularidad menor.
Para la ausencia del trabajo fin de máster, podía haber otra explicación: Cifuentes lo había perdido en las mudanzas y la universidad los destruye cada cuatro años (aunque inicialmente dijo que no lo podía enseñar por la ley de protección de datos). Podría alegar que, al contrario que las tesis doctorales, no hay normativa que obligue a llevar un registro. La coartada no era firme pero otras peores han resistido.
Pero la primera de las profesoras no ha querido mantenerlo ante la inspección. El caso tenía ya toda la pinta de acabar en la vía penal después de que un grupo de estudiantes lo denunciara, y más al publicar este diario la falsificación del acta. La falsedad en documento público es un delito penado con hasta seis años de cárcel. Cada día que se enredaba e asunto las probabilidades de salir indemnes se reducían. El jueves, tras la primera declaración, la inspección de la Rey Juan Carlos envió el caso también a la Fiscalía, que horas antes ya había abierto diligencias pero en Móstoles (lo que implica que no investigan de momento a Cifuentes porque es aforada sino las irregularidades del expediente).
Tras conocerse que la supuesta presidenta del tribunal había negado estar evaluándola el día que ella habia dicho, Cifuentes dijo estar satisfecha de que el caso salte a la vía penal y de que se aclaren las posibles irregularidades —hasta ahora sostenía que todo era correcto—. Afirmó que es "una buena noticia" que el caso vaya a la Fiscalía y se presentó como una alumna víctima de un irregular expediente.
Si (
No(
