Hasta nueve empresarios han reconocido que financiaron irregularmente al Partido Popular a través de facturas pagadas a Orange Market, empresa de los líderes de la trama Gürtel, a cambio de unos servicios que nunca fueron prestados.
Todos ellos abonaron cantidades superiores a 1,4 millones de euros con los que se sufragaron gastos de la campaña electoral del Partido Popular de la Comunidad Valenciana al frente del que se encontraba Francisco Camps en las municipales de 2007 y las generales de 2008.
Se trata de Enrique Gimeno (Facsa y Aguas de Castellón), Javier Alberto Batalla (Luis Batalla SA), Enrique Tomás Ortiz Selfa y José Francisco Beviá García (Enrique Ortiz e Hijos), Vicente Cotino Escrivá (Sedesa Obras y Servicios), Antonio y Alejandro Pons Dols (Piaf SL), Tomás y Rafael Martínez Berna (Grupo Villalba SL).
Se trató de compañías que, por tener contrato con las Administraciones Públicas, no podían hacer donaciones al Partido Popular. Por este motivo, según se explica en el escrito de la Fiscalía, "los pagos que hicieron a Orange Market SL, de la deuda que con dicha sociedad tenía el partido político por su trabajo en Valencia, se materializaron como pagos por supuestos servicios que había prestado Orange Market SL a aquéllas, pero que realmente no se habían producido".
Todos han reconocido el relato de los hechos de la Fiscalía por los que se les acusa de delitos electorales y falsedad documental a cambio de convertir las penas de prisión en multas económicas.
Otra parte de la campaña se pagó con dinero negro
Ninguno de estos pagos de empresarios quedaron reflejados en la facturación ni en la contabilidad del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Tampoco los pagos superiores a 2 millones de euros efectuados por el partido a la empresa Orange Market SL con dinero negro.
De esta manera, el partido habría pagado la organización de mítines y la intermediación para contratar la comunicación electoral a través de publicidad en autobuses, vallas, radio y prensa. Ésta fue la segunda vía de pagos irregulares de los trabajos de campaña por la que cinco responsables de dicho partido también se sientan en el banquillo de los acusados.
Éstos son Ricardo Costa (exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana), Vicente Rambla (exvicepresidente de la Comunidad Valenciana), Cristina Ibáñez (exgerente del PP de la Comunidad Valenciana), David Serra (exsecretario de Organización y diputado regional) y Yolanda García (extesorera del PP de la Comunidad Valenciana), para los que se piden penas que van de los seis meses de prisión en el caso de la última, a seis años o siete años y 9 meses de prisión en el caso del resto por los presuntos delitos electorales y de falsedad documental.
Los acusados para los que la Fiscalía pide las penas mayores de cárcel por delitos electorales, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública son los empresarios del Grupo Correa: Francisco Correa, 22 años, Pablo Crespo, 22 años y Álvaro Pérez 'El Bigotes', 27 años de prisión. Los tres ya cumplen condena por el caso Fitur también de la Comunidad Valenciana.
Para el consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero, la Fiscalía pide 17 años y para Ramón Blanco Balín, asesor financiero de Correa, piden 15 años de prisión por seis delitos fiscales.
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