Mientras el prófugo Carles Puigdemont, vive a cuerpo de rey en Bruselas , Oriol Junqueras sigue en la cárcel de Estremera.
Junqueras, el exvicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones autonómicas del 21-D, permanece en prisión sin haber sido todavía condenado, porque el juez considera que existe el riesgo de que reitere en los delitos que le imputan. Entre estos delitos está el de rebelión, el más grave tal vez y por el que ha complicado su horizonte. Tanto que podría acarrearle estar en prisión bastantes años.
El Magistrado Llaneras no le ha puesto en libertad como al resto de consellers a excepción de Forn. Entiende el magistrado que Junqueras tenía un rol esencial en el proceso independentista ilegal y en el intento del secesionismo catalán de proclamar la independencia de Cataluña por las vías ilegales.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el investigador del caso, considera que el exvicepresidente de la Generalitat tuvo una posición de «dominio» sobre las movilizaciones del independentismo, que llegó a acosar a los agentes de la Guardia Civil mientras registraba varias sedes de la Generalitat por orden de un juez el pasado 20 de septiembre.
Como Carles Puigdemont desoyó al Tribunal Constitucional, que invalidó con sus resoluciones sus leyes y actos, que quedaron suspendidos. Más tarde el Ejecutivo de Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, destituyó a todo el Govern. Así llegaría su imputación por los delitos de rebelión, o sedición, y malversación de caudales públicos. En un auto la jueza Carmen Lamela acordó el ingreso en prisión de ocho de los exconsejeros.
Como señala la magistrada, el delito de rebelión puede castigarse con hasta veinticinco años de prisión si se comete sin armas. A esa pena habría que añadir la de malversación, en cuyo caso podría ascender hasta los ocho años de cárcel.
En ese hipotético cálculo, que se definirá a lo largo de la investigación y tras el futuro juicio, el castigo de rebelión excluye al delito de sedición, penado con hasta quince años de cárcel, pues la imputación es por uno u otro.
La justicia resolverá si el plan ilegal, que culminó con la declaración unilateral de independencia, cumple los requisitos exigidos por la ley penal para apreciar rebelión, o se quedará solo en sedición.
El escenario más grave, por tanto, podría sumar hasta 33 años de cárcel, si Junqueras es condenado por rebelión y malversación.
El delito de rebelión castiga a los que declaren la independencia de una parte del territorio nacional por las vías ilegales, a través de un alzamiento violento o tumultuario.
El juez Llarena no descarta que la violencia que exige la ley para apreciar dicho delito haya existido en el plan secesionista. Cuando impuso una fianza a Carme Forcadell, el magistrado explicó que la amenaza de usar la movilización callejera para lograr sus objetivos de una manera «incontrolable» puede satisfacer la exigencia de violencia.
Llarena aseguró que no son necesarios «hechos lesivos o daños contra personas o bienes» para que haya violencia, siendo suficiente esa «eventual explosión social que ellos podían modular».
El juez enumeró «comportamientos agresivos» del secesionismo en su plan.
Si la justicia concluye que el plan secesionista ilegal supuso un delito de sedición, en lugar de rebelión, el mayor castigo que podría recaer sobre Junqueras sería de hasta 23 años de prisión: quince por la sedición, y ocho en la malversación.
El tipo penal de sedición castiga a los que impidan la labor de la justicia por la fuerza; en este caso, con la intención final de empujar hacia la independencia por las vías ilegales.
Tras la investigación, el juez cerrará la causa y acotará sobre qué delitos existen indicios suficientes, lo que marcará las imputaciones sobre la mesa en el juicio, y el futuro de los antiguos gobernantes de Cataluña.
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