Susana Díaz intentó cargar, en el debate sobre el estado de la autonomía, contra el modelo de financiación que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en un intento de desviar el debate sobre su propia gestión.

La jefa del ejecutivo andaluz no le importó criticar el modelo de Zapatero con tal de no hablar del déficit y la privatización sanitaria, de los datos precarios en educación, de la pobreza en Andalucía, de la paralización y reducción de los cursos de formación, el enchufismo y de la enorme administración paralela.

A pesar de sus intentos de las 141 propuestas de resolución aprobadas la oposición dio un duro varapalo a la presidenta aprobando 106 medidas frente a las 35 del PSOE-A de Susana Díaz. De ellas 26 eran del Partido Popular, 26 de Podemos Andalucía, 31 de Ciudadanos y 23 de IULV-CA.

Una de las más contundentes ha sido la propuesta del PP de reducción del 25% de altos cargos y asimilados en la administración que dirige Susana Díaz pidiendo además que se introduzca mayor transparencia en la gestión del dinero de los andaluces.

Este es el texto:

“El Parlamento de Andalucía manifiesta la ineludible exigencia de adoptar medidas tendentes a reducir el muy elevado número de altos cargos y asimilados de la Administración de la Junta de Andalucía y de su correspondiente gasto, en buena parte motivado por la desmesurada estructura territorial que conforman las delegaciones de numerosas consejerías y entidades instrumentales, y que a la postre determinan un número de cargos que cuanto menos triplica al de otras comunidades”.

A su vez la resolución insta al Gobierno de Susana Díaz a “llevar a cabo en el próximo periodo de sesiones la eliminación de, al menos, un 25% de esos puestos, así como a mejorar la transparencia y facilitar el acceso a la identidad de los puestos directivos de todas las entidades instrumentales de la administración de la Junta de Andalucía y de sus retribuciones anuales, incluyendo los puestos de gerencia, direcciones o coordinación provinciales de dichos entes, haciendo públicos esos datos en el Portal de Transparencia, del mismo modo a como ya se publica para los altos cargos y asimilados de la Administración General”.

La inmensa y deficitaria administración paralelaandaluza de Susana Díaz acoge a miles de los llamados “enchufados” por la oposición y crece cada año ganando terreno a los funcionarios. Los funcionarios son personas que no deben nada a nadie, solo a sus esfuerzos, y que no se pueden manipular tan fácilmente como sí ocurre presuntamente con los “enchufados”, que están llevando a cabo contrataciones según denuncia Spiriman y sus colaboradores en sus vídeos a pesar de estar prohibido por la Ley.

Daniel Bellaco