La causa por el denominado caso Poniente, el mayor escándalo de presunta corrupción institucionalizada ha puesto el descubierto la corrupción en grado sumo, la mayor de la provincia de Almería. Hoy ocho años después de desmantelar la red que presuntamente saqueó más de 100 millones de euros de El Ejido a través de una maraña de subcontratas, sus responsables se sentarán en el banquillo. Hay más de 60 procesados entre políticos, empresarios y funcionarios.
El fiscal Anticorrupción, que inició la investigación en 2007, dos años antes de judicializarse, ha presentado sus conclusiones y calificaciones al Juzgado de Instrucción número 2. En total, acusa a cincuenta personas de haber orquestado una trama para apropiarse de dinero público procedente del Ayuntamiento de El Ejido vía sobrefacturaciones a la empresa de servicios Elsur y a través del cobro de comisiones ilegales por la concesión de contratos municipales.
El fiscal pide para todos ellos penas de cárcel que suman 1. 545 años de cárcel y responsabilidades civiles por un importe superior a los 100 millones de euros. En su extenso escrito de calificación, de más de 200 folios, les atribuye la comisión de 362 delitos entre malversación, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho activo y pasivo, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y blanqueo de capitales.
El letrado del Estado, que defiende los intereses de Hacienda, pide 49 años de cárcel para Juan Enciso, alcalde de El Ejido entre 1991 y 2011. La Abogacía atribuye al que fuera hombre fuerte del PP almeriense y luego saltó al Partido de Almería (PAL), un delito de fraude al IVA e impuesto de sociedades.
Según los investigadores Alemán controló una sociedad, Sistemas de dirección SL, que cobró entre 2002 y 2009 un total de 7,5 millones de euros de proveedores que en paralelo recibieron 70 millones en contratos del Ayuntamiento.
La Abogacía del Estado pone también el foco sobre el supuesto vehículo usado por la trama para canalizar el expolio, la Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido (Elsur). Se trata de una sociedad participada por El Ejido (30 %) y Abengoa (70 %) que subcontrató a una treintena de firmas que inflaban facturas y cobraban por servicios inexistentes
El letrado del Estado pide 49 años de cárcel para el antiguo hombre fuerte del PP de Almería Juan Enciso.
Por este motivo, el director general de Elsur hasta 2008 Manuel Caballos Piñero se expone a 31 años de cárcel y el exdirectivo de Abengoa José Amate Rueda a 49.
De acuerdo con su investigación, esta trama, compuesta por hasta seis grupos con relaciones entre sí, habría conseguido detraer fondos del Ayuntamiento de El Ejido de en torno a 71 millones de euros entre los años 2002 y 2009, periodo que abarca la instrucción judicial. Además, se habrían lucrado con otros 29 millones de euros por fraude a la Hacienda pública correspondientes a impuesto de Sociedades y al pago del IVA. Entre los principales acusados figuran el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, y el exinterventor municipal, José Alemán, cuya connivencia -sostiene el fiscal- hizo posible la actividad delictiva de estos grupos, a cambio de lo cual obtuvieron sustanciosas prebendas económicas. A ambos les imputa delitos que implican penas de prisión de 66 años de cárcel.
Además del entonces alcalde de él Ejido Juan Enciso y de Alemán para los que la Fiscalía solicita 66 años de cárcel están acusados una docena de directivos de Abengoa, la multinacional que constituía la principal accionista de la empresa mixta Elsur, y a la que el fiscal señala como el origen de toda la trama.
El modus operandi consistía en engordar el canon que obtenía del Ayuntamiento a través de Elsur y obtener un beneficio añadido defraudando a Hacienda.
En ese periodo investigado, Elsur facturó 232 millones de euros al Ayuntamiento, una cantidad que incluía además del canon anual, cantidades millonarias por asesoramientos que nunca se llevaron a cabo
Entre los acusados figuran dos principales responsables de las sociedades que subcontrataban con Elsur. Uno de ellos es José Amate Rueda , el otro Juan Antonio Galán, para quienes la Fiscalía solicita penas de prisión de 97 y 174 años respectivamente. Así el ministerio físcal les considera responsables de malversación continuada, cohecho y de varios delitos contra la Hacienda pública.
Según la investifgación éstos sobrefacturaban enormes cantidades a Elsur obteniendo con ello un beneficio ilícito que, después, ocultaban también a la Hacienda, Pública.
Entre los acusados por el fiscal están también familiares de los principales implicados, todos ellos parte integrante de las sociedades que se encargaban de defraudar y que habrían contribuido activamente en la actividad delictiva.
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