Pacto judicial entre bambalinas

El portavoz de la Fiscalía belga Gilles Dejempe, confirmó ayer que la Físcalía belga y la defensa del expresident de la Generalitat, carles Puigdemont, pactaro dos días antes la entrega del exdirigente y de los cuatro exconsellers ante la euroorden dictada desde España para su detención y extradición.

Dejempe ha confirmado que hubo contactos, e incluso que hubo acuerdo para que los exconsellers y el expresident pudieran presentarse voluntariamente en una comisaría determinada.

Finalmente esta se produjo el domingo a las nueve y cuarto de la mañana. Esta es la evidencia de que todo estaba atado.

Ante esta situación, se buscó un juez de instrucción acorde a los intereses independentistas para que pudiera estudiar unicamente si existía riesgo de fuga. La Físcalía no obstante tenía en sus manos una patata caliente ante la orden de ejecución y la entrega reclamada por España.

“El juez de instrucción sólo debía considerar el riesgo de fuga y lo ha considerado limitado" ha declarado el portavoz de los fiscales belgas, añadiendo que no era necesario” dictar prisión provisional.

Con estos precedentes resulta evidente como la defensa de Puigdemont y la justicia belga lo amañaron todo. Sin embargo el portavoz de la fiscalía quiso destacar la "independencia" de la decisión judicial que no fue tal.

Dejempe también ha detallado que él viernes de la próxima semana se celebrará la primera audiencia de la Cámara del Consejo, donde las partes, incluyendo la defensa, podrán presentar sus argumentos, incluida su oposición a la euroorden dictada por la magistrada Carmen Lamela. Así la decisión se puede alargar entorno a una semana, a diferencia de los 60 o 90 días que puede prolongarse para las personas detenidas.

Sea como sea, lo que ha quedado claro es la nula imparcialidad de la justicia belga, la burda manipulación que de la ley se ha hecho y como se ha llevado a cabo la negociación entre le defensa de los huidos y el juez a la carta que les tomó declaración y más tarde los puso en libertad.

El malestar en el Gobierno español es evidente a pesar de las declaraciones que los miembros del ejecutivo vienen haciendo, con el consabido y repetido slogan de " no hablamos de las decisiones judiciales". Al menos en público, aunque sí en pettite comité.