De president a prófugo

Sigue el esperpento, las informaciones que cambian cada hora, los anuncios y desmentidos. Nos empezamos a acostumbrar y a no creer la información que llega del entorno de Puigdemont. La norma parece ser jugar al despiste con la prensa, pero también con la justicia. La pasada semana una foto subida por el expresident daba a entender que se encontraba en la Generalitad, cuando ya estaba en Belgica, ayer había fuentes que aseguraban que había volado a Barcelona en un avión de la compañía Vueling, a ello le daba fiabilidad el haber dejado el hotel en el que se hospedaba, luego confirmamos que seguía en Belgica, aunque nadie sabe donde, mientras su abogado confirmaba que no se presentará a la citación judicial.

Así lo ha confirmado el abogado belga que representa a Carles Puigdemont, Paul Bekaerts que ayer miércoles dijo que el 'expresident' no acudirá mañana a declarar ante la Audiencia Nacional, lo que supondría ignorar la citación judicial que le obliga a comparecer a las 9:00 horas por los delitos de rebelión, sedición y malversación. En caso de confirmarse esta decisión, la Fiscalía podría entonces solicitar a la jueza Carmen Lamela que entregue las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) a las autoridades belgas, permitiendo así proceder al arresto del político catalán y el resto de 'exconsellers' en este país.

De no presentarse Puigdemont, se convertirá en prófugo.

Bekaert ha dicho este miércoles a la agencia Associated Press que Puigdemont "no va a ir a Madrid", y ha sugerido que le interroguen en Bélgica. "Es posible, está previsto legalmente", ha asegurado el letrado. Sin embargo la Audiencia Nacional rechazará esta propuesta y, en su lugar, pondrá en marcha la 'euroorden'.

Pero Puigdemont, no será el único que según parece no acudirá a la cita judicial. Cuatro de sus exconsellers, tampoco lo harán por lo que previsiblemente la jueza Carmen Lamela, los pondrá a todos en busqueda y captura.

El procedimiento de la OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla. La regulación europea reduce de esta manera los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está imputado por malversación.

Según el ordenamiento jurídico belga, tanto Puigdemont como los 'exconsellers' que se negaran a presentarse ante la Audiencia Nacional serían detenidos y puestos a disposición del juez. Será éste quién decida sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden.

Si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días. Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver.

Pero, además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria. La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea. En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de sesenta días a partir de la detención.