El 2 de febrero, se inician los contactos por parte de Carlos Neira, abogado de Alberto González, con el objetivo de alcanzar un pacto de conformidad para saldar la deuda con Hacienda. Según el correo electrónico, se confirma que se han cometido dos delitos fiscales. La defensa de la pareja de Ayuso expresa su voluntad firme de llegar a un acuerdo penal, reconociendo plenamente los hechos y comprometiéndose a resarcir el daño causado mediante el pago completo de la cuota e intereses de demora a la AEAT.
Adjunta el fiscal Julián Salto Torres, en su respuesta del 12 de marzo, una copia de la denuncia presentada el día 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona para facilitar el derecho de defensa y emplaza a la defensa de González al futuro, cuando se haya designado un juzgado.
"El juzgado encargado del asunto no lo tendremos supongo hasta dentro de dos meses. Si usted y su cliente lo estiman posible, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo aunque se ha denunciado también otras personas", escribe el fiscal.
El procedimiento normal en estos casos, según fuentes jurídicas, implica que los investigados paguen primero la deuda con Hacienda y reconozcan los delitos. A partir de ahí, se llevan a cabo todas las declaraciones y se evalúa la prueba. Si se paga en los dos primeros meses, el artículo 305.6 del Código Penal permite reducir la pena en dos grados. Por esta razón, la conformidad no se alcanza de manera inmediata. En este caso, también es necesario considerar la falsedad. Además, el acuerdo debe contar con el consentimiento tanto del imputado como de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, quien representa a la Agencia Tributaria en este tipo de procedimientos fiscales. No hay pacto si no se incluye también a la Abogacía del Estado.
La denuncia presentada por el fiscal acusa a Alberto González Amador de haber defraudado a Hacienda más de 350.000 euros entre los años 2020 y 2021, ya que entendió que no podía haber acuerdo de conformidad hasta llegar a la fase de juicio oral.
Si se llegara a un acuerdo, se debería pagar la cuota defraudada de 350.000 euros, junto con una multa menor a la que se pediría al principio, y también se reduciría la pena de cárcel en dos grados.
ElDiario.es ha revelado que la empresa de González, Maxwell Cremona SL, informó a la Agencia Tributaria que recibió 1.973.000 euros en comisiones por "intermediar" para la empresa FCS en la compraventa de productos sanitarios durante los meses más críticos de la pandemia, entre mayo y agosto de 2020. Esta cantidad representa casi dos millones de euros y forma parte de los 2,33 millones de euros facturados por la empresa en ese año.
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