En el marco de la 'Operación Castrilase', se ha llevado a cabo una investigación por parte de la Guardia Civil sobre una persona acusada de cometer un delito contra la protección del Patrimonio Histórico. A principios de enero de este año, la Benemérita tuvo conocimiento de un posible expolio de los yacimientos arqueológicos que rodean el casco urbano de Castrejón de Trabancos (Valladolid). Estas acciones se realizaron en estrecha colaboración con el personal del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Valladolid, como parte de las medidas habituales para preservar el estado de los yacimientos arqueológicos.
Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, se ha descubierto la existencia de agujeros en tierras de labor en los extrarradios de la localidad. Estos agujeros son similares a los que hacen los llamados "buscadores de tesoros", personas que utilizan detectores de metales para encontrar piezas históricas o arqueológicas valiosas. Como consecuencia de las tareas preventivas realizadas, se pudo tomar conocimiento de estos agujeros. Debido a que los agujeros se encontraban en yacimientos arqueológicos, donde cualquier acción sin autorización está prohibida, los agentes llevaron a cabo las gestiones necesarias para identificar al posible responsable de estos actos.
Al autor, que había extraído 553 piezas arqueológicas de diversa naturaleza y épocas, entre las que se encuentran puntas de flecha, botones, pinjantes, anillos, hebillas de cinturón, monedas, munición de avancarga, fíbulas y otros elementos que abarcan desde el 2500 a.C. hasta el siglo XVII, se le localizó fruto de las investigaciones realizadas. Según el informe elaborado por los arqueólogos del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, las piezas en su mayoría son "objetos metálicos antiguos con un interés arqueológico" extraídos de su contexto con un "daño irreparable" al patrimonio cultural, han explicado las mismas fuentes.
Como supuesto autor de un delito sobre el patrimonio histórico, esta persona fue investigada por la Guardia Civil. Se le acusa de expoliar y causar daños en yacimientos arqueológicos. Según el artículo 106.2 del Decreto 37/2007, en Castilla y León está prohibido que los particulares realicen esta actividad dentro de espacios catalogados como bienes integrantes del patrimonio arqueológico. Además, la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural establece en sus artículos 51 y 55 que incluso fuera de los bienes catalogados, las personas sin la debida titulación académica y autorización no pueden buscar restos arqueológicos, sin importar los medios utilizados, incluido el detector de metales.
Las diligencias fueron instruidas por la Guardia Civil, las cuales fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Valladolid. Las piezas intervenidas, que se encuentran depositadas en el Servicio Territorial de Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, quedaron a disposición del juzgado.
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