A finales de abril, comenzarán los argumentos orales del caso en el que el Tribunal Supremo ha aceptado decidir si el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) puede ser juzgado por injerencia electoral en las presidenciales de 2020 o si tiene inmunidad, según informa la cadena CNN.
En los diferentes casos que el Departamento de Justicia estadounidense tiene abiertos contra Trump, la cuestión de la inmunidad presidencial se ha convertido en un obstáculo. Especialmente en el caso de Washington D.C., donde se le acusa de tratar de revertir el resultado de las elecciones de 2020, cuando perdió frente al demócrata Joe Biden.
El pasado 12 de febrero, una decisión de una corte inferior determinó que el exmandatario no gozaba de inmunidad presidencial y que debía ser enjuiciado por intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020, instigando el asalto al Capitolio. Trump recurrió ante el Supremo.
Las opciones que tenían los jueces de la máxima instancia judicial estadounidense, de mayoría conservadora, eran varias: negarse directamente a considerar el caso, paralizar provisionalmente el proceso contra Trump mientras debaten sobre la inmunidad presidencial y también celebrar una audiencia para escuchar a las partes.
La semana del 22 de abril, se acordó por parte del Supremo escuchar los argumentos orales. En la práctica, este anuncio representa un aplazamiento adicional del juicio contra Trump en Washington, el cual originalmente estaba programado para el 4 de marzo pero ya había sido pospuesto. Hasta que no se tome una decisión al respecto, los procedimientos previos permanecerán paralizados.
Intentando retrasar cualquier proceso judicial en su contra, el equipo legal del republicano busca situarlo como jefe del Ejecutivo y otorgarle autoridad para ordenar a su fiscal general que desestime los cargos federales en su contra, en caso de una eventual victoria de Trump sobre el actual presidente, Joe Biden, en las urnas.
Una de las cuatro imputaciones penales que afronta es la de Washington. Los jueces del Supremo se limitarán a decidir si, y en qué medida, un expresidente tiene inmunidad por conductas presuntamente relacionadas con actividades oficiales durante su mandato.
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