En un escrito el fiscal del caso Tsunami Democràtic, Miguel Ángel Carballo, ha expresado su contundente crítica hacia la instrucción llevada a cabo por el juez Manuel García-Castellón. Entre las críticas mencionadas por el representante del ministerio público se encuentran "flagrantes contradicciones", "falta de argumentos" y una exposición que considera "totalmente injustificada e inmotivada".
Después de que García-Castellón haya elevado una exposición razonada al Supremo, en la cual detalla los indicios de delito de terrorismo, entre otros, del expresident Carles Puigdemont; de Marta Rovira, secretaria general de ERC; y de Rubén Wagensberg, miembro de la mesa del Parlament, él lo hace.
Carballo dice que resultaba sorprendente la contradicción entre resoluciones próximas en el tiempo y critica al fiscal por seguir practicando diligencias sin esperar a la resolución de los recursos. Además, Carballo añade que el magistrado ha favorecido las "prolongaciones artificiosas" de la instrucción.
En su escrito, también acusa a García-Castellón de mezclar a Tsunami con los CDR. La Fiscalía, por otro lado, considera que estos últimos están involucrados en actos terroristas y les solicita penas de hasta 27 años de prisión. "El Instructor confunde el fenómeno de Tsunami Democratic con los CDR en algunas de sus resoluciones, a pesar de que son entidades o acciones completamente diferentes", señala. Además, agrega: "Es relevante destacar cómo en los informes de la Guardia Civil se atribuye a algunos de los investigados su interés en contactar y contar con la participación de los CDR, lo cual demuestra claramente que no se trata del mismo fenómeno".
La Fiscalía sostiene que los desórdenes públicos en Tsunami son los hechos principales y que no hay pruebas contra el expresidente Carles Puigdemont. Según el fiscal, las investigaciones se han enfocado en demostrar las consecuencias de los actos de desorden público realizados por diferentes grupos y personas en Cataluña a finales de 2019, pero ninguna de las diligencias realizadas ha implicado la responsabilidad de los aforados. Además, el fiscal destaca que se han llevado a cabo diligencias para comprobar hechos que ni siquiera están incluidos en los informes de inteligencia de la Guardia Civil, lo cual amplía injustificadamente el alcance del procedimiento.
Concluye el fiscal, en su escrito, que la exposición razonada enviada por García-Castellón al Supremo carece de fundamento. "La falta de argumentos para imputar hechos de matiz terrorista era ya significativa", escribe Carballo, quien termina diciendo: "Hasta el día de hoy, la remisión de la exposición razonada al Tribunal Supremo se presenta totalmente injustificada e inmotivada, debido a la falta de avance en la investigación en ese sentido".
El escrito al Supremo del juez expone lo siguiente.
"Una posición de autoridad incuestionable es conferida a Carles Puigdemont por su condición de expresidente y líder del independentismo desde Bruselas, según el escrito presentado por el magistrado al Supremo. Además, se destaca que Carles Puigdemont ocuparía el vértice más alto de la organización de Tsunami Democràtic".
La participación de Tsunami en el nacimiento y planificación de las acciones puede ser inferida según los indicios explicados por el juez. Entre estos indicios se encuentran los mensajes a través del móvil entre Josep Lluís Alay y Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda de Alay y el impulso dado por Puigdemont a través de Twitter al lanzamiento de la plataforma de Tsunami.
El instructor continúa afirmando el rol de liderazgo de Puigdemont en Tsunami, basándose en una conversación mantenida con el investigado Campmajó. En dicha conversación, discuten sobre la actitud que los dirigentes políticos catalanes están teniendo con respecto a la sentencia del procés.
En este escrito, se repasan las acciones atribuidas a Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés. El titular del Juzgado Central de Instrucción Seis menciona la huelga general del 18 de octubre de 2019, el intento de afectación de las elecciones generales de noviembre y el bloqueo de Infraestructuras críticas del Estado o de Europea. Además, se destacan las acciones llevadas a cabo en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y en la torre de control ENAIRE de Barcelona-Gavà.
El éxito de la acción pretendida podría haber tenido graves consecuencias para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional, según destaca el magistrado, quien resalta la importancia estratégica de este objetivo.
Si Tsunami hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, "esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas", señala.
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