Si la ratio se establece en 25 alumnos/as por clase, se necesita hasta 25 un tutor/a, de 26 a 50 dos tutores/as, de 51 a 75 tres tutores/as, de 76 a 100 cuatro tutores/as, contabilizándose por ese tenor para no entrar en conflicto por la dotación; más todos los demás profesores/as que se precisan para completar la plantilla del claustro del centro. Por otra parte, tanto los inspectores/as de zona como de las Unidades Territoriales y Servicios Territoriales de Enseñanza deben contar con maestros/as y profesores/as noveles, unos en reserva y otros trabajando en las oficinas o en el centro educativo de inmigrantes, para poder efectuar las sustituciones oportunas.
Reparto de las cargas económicas
Al resultar más onerosa la financiación de los sistemas sanitarios y educativos en los territorios de escasa población y diseminada, la Administración Central debe presupuestar partidas para ayudar a los distritos escolares de concentración de pequeñas poblaciones para que se puedan efectuar las construcciones escolares necesarias y las vías de intercomunicación de esos poblamientos. Los distintos ayuntamientos de esos distritos escolares se pondrían de acuerdo para repartirse la carga de los gastos escolares y para la ubicación de esos centros, porque no es obligatorio que todas las etapas estén concentradas en el mismo municipio. El distrito escolar dispondrá de una flota de autocares suficientemente adaptados al transporte escolar, de la misma forma que las autoridades disponen de coches oficiales. Por otra parte los Ayuntamientos de los distritos escolares que han resultado del desglose de municipios populosos, son los que han de sufragar las construcciones escolares con la ayuda de los gobiernos autonómicos.
Cada distrito escolar se haría cargo del mantenimiento y limpieza de sus centros escolares, como también de la dotación del personal auxiliar. Mediante un sistema de becas de comedor atendería a las familias que los servicios sociales las declaran insolventes, como también se haría cargo de las cuotas que esa familias deben pagar a la Asociación de Padres y Madres del centro escolar donde estuvieran matriculados. También cubrirían las cuotas impagadas, aunque después las cobraría con trabajos municipales u otros procedimientos. Con algunos impuestos que cobren los Ayuntamientos u otros especialmente destinados a ello, servirían para hacer frente a todos esos gastos. El equipo económico de las Comisiones de Cultura sería quien, a través de los presupuestos elaborados por dichas Comisiones, administrarían esos fondos.
A los gobiernos autonómicos les corresponde el equipamiento y dotación de todo el material no fungible que necesiten los centros escolares, así como las bibliotecas del centro y las bibliotecas de aula. Esos gobiernos son los que deben gestionar y financiar la formación del profesorado y deben velar por el armónico desarrollo y la continuidad de todos los niveles del sistema educativo. Ese control se ejerce a través de equipos de inspectores. También les corresponden a los gobiernos autonómicos dotar de recursos adicionales a los centros donde se concentren alumnos/as con necesidades especiales. En los presupuestos generales de las Comunidades Autonómicas figurarían también los gastos de formación profesional y de formación permanente, así como también los gastos que originan los planes de acogida de la población inmigrada, los centros educativos de inmigrantes, además de una subvención equitativa a cada uno de los centros escolares de su autonomía, atendiendo a las necesidades de cada uno, de manera que se compense a aquellos con más carencias para equipararlos con el resto, pues la igualdad de oportunidades es un valor esencial.
La Comunidad europea, el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos deben financiar todos los Congresos, Exposiciones, Ciclos de conferencias, sesiones de trabajo de puesta a punto y cursillos que se necesiten para tener preparado y actualizado a todo el magisterio. A las Diputaciones (o Consejos comarcales) debe corresponderles la instalación, gestión y control de los Centros de investigación, trabajo y deportes, así como también los Centros comarcales de prácticas de empleo.
Por último, las familias financiarían, a través de la Asociación de Padres y Madres del centro los gastos restantes, como el material fungible de las oficinas, aulas, talleres, laboratorios, departamentos (en las aulas infantiles la ropa y material de limpieza que se use en los niños) y la luz, agua, gas, teléfono, seguros. De esta manera habría cuidado de no despilfarrar, como podría ocurrir si fuera financiado por la Administraciones públicas. El comedor escolar sería abonado por los usuarios. Para cubrir esos gastos las Comisiones de Cultura de los Distritos escolares fijaría a cada uno de los centros una cuota mínima obligatoria por alumno/a y, a partir de ahí, las Asociaciones de Padres y Madres podrían aumentar la cuantía que estipulasen. El dinero que los padres se ahorrarían en libros de texto y material escolar privado vendría a suponer, más o menos, el pago de esas cuotas. En muchos padres y madres aumentaría la sensación de ser el colegio algo suyo, por lo que se sentirían más vinculados y habría más participación. Por otro lado se acortarían las distancias entre los centros públicos y los privados concertados.
En lo referente a extraescolares los gastos de monitores y de material de cada actividad los abonarían los usuarios al precio que establezca el Consejo escolar del centro. Cada alumno/a debería realizar, como mínimo, dos actividades extraescolares, una sería el que le marcara el tutor/a según sus necesidades y la otra de libre elección. Y en horas que no interfirieran a los escolares grupos de adultos también podrían realizar muchas de esas actividades y así mejoraría el salario de los monitores de extraescolares.
Este sistema de financiación solo serviría a la educación básica, bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Hasta los dieciocho años. Los que superaran esa edad por haber repetido curso o repetida alguna asignatura del bachillerato, al matricularse de nuevo se les debe aplicar un recargo. Por el contrario, los que terminaran con premio extraordinario tendrían los estudios del primer curso de la enseñanza superior gratis.
Financiación de los estudios superiores
En cuanto a los Estudios Superiores como el grado superior de los ciclos formativos, las ingenierías, estudios universitarios de grado, másteres oficiales, cursos de doctorado, las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas deportivas de grado superior, enseñanzas oficiales de idiomas, los estudios religiosos y militares…, la pregunta que nos podemos hacer es quién financia esos estudios. ¿Quién debe pagar la Enseñanza Superior? Porque la Enseñanza Superior es, al mismo tiempo, un servicio público y un servicio individualizado, es decir, se presta a unas personas concretas y determinadas. No son obligatorias, pues nadie está obligado por ley a realizar unos estudios universitarios. Pero para el conjunto de la sociedad es de necesidad vital que haya universitarios y Universidades. La Enseñanza Superior tiene efectos benéficos para toda la colectividad, porque la cultura, la investigación, el desarrollo científico son beneficiosos para el conjunto de la sociedad, tanto para el sector público como para el sector privado. Los empresarios y el sector público necesitan profesionales. Los aspectos culturales también son muy importantes, seguramente los más importantes. Pero, por otra parte, la Enseñanza Superior es especialmente beneficiosa para quienes la reciben, porque en nuestro contexto económico y social esta enseñanza, aparte de la elevación del nivel cultural supone un “status” social y un “status” económico a favor de las personas que la reciben. En estas circunstancias si paga el Estado todos los gastos de esta Enseñanza Superior supone que son todos los ciudadanos quienes lo pagan, la hayan recibido no. Por tanto, una parte debe ser pagada por los interesados puesto que hay un beneficio personal específico. No es admisible, pues, la gratuidad total de la Enseñanza Superior. En EE.UU. los estudiantes se costean todos los estudios. En los países nórdicos la enseñanza universitaria es prácticamente gratuita, pero es que allí se pagan altos impuestos. En Alemania hay una dura selección para entrar en la Universidad. Como España tiene una realidad social, política y económica diferente creemos que las Administraciones Central y Autonómicas son las que deben sufragar las dos terceras partes del gasto que originan las Universidades. Las Universidades han de tener una subvención fuerte destinada, entre otros asuntos, a los sueldos del personal docente y a la investigación. El otro tercio debe ser cubierto por el alumnado a través de las matriculaciones. Esas tasas de enseñanza deben ser uniformes en todo el territorio español, en todas las Universidades españolas, aunque el coste sea diferente según las Facultades. La matrícula paga los servicios académicos y el seguro escolar. Ahora bien, la repetición de cualquier asignatura debe tener recargo.
Para que se respete la igualdad de oportunidades y nadie quede postergado en el acceso a los estudios superiores por cuestiones económicas, la propia Administración central debe financiar los estudios sin sobrecarga de intereses a aquellos alumnos/as que lo necesiten. Habrá alumnos/as que requerirá que se les pague, no solo los estudios, sino también el mantenimiento y los gastos de libros, material, desplazamientos… pues de otra manera no podrían estudiar. Y cuando el estudiante termine la carrera y empiece a trabajar, debe ir revertiendo al Estado el capital prestado. A los que viven con sus familias fuera de la ciudad donde´está ubicada la Universidad se les debe subvencionar a través de becas los gastos de residencia. Este coste no debería ser devuelto, pues en caso contrario los que viven en pueblos pequeños y apartados estarían en desventaja. Y para estimular el aprovechamiento de los estudios los alumnos/as de notas brillantes deberían ser premiados con becas. Para los universitarios/as del último curso de grado, primer curso de máster oficial o cursos de doctorado recibirían becas de colaboración, o sea recibirían una prestación económica a cambio de trabajar en algún departamento de la Universidad.
Por otra parte se debe potenciar el carnet joven ( a los jóvenes de entre los 16 y 30 años) con el que se podría acceder a numerosos descuentos en transportes, alojamientos, actividades culturales (museos, galerías, lugares históricos) restaurantes…
Si (
No(
