Durante años, en el campo de Níjar se ha sobrellevado el desagravio de usar agua desalada sin ayudas públicas como las que el anterior gobierno de Mariano Rajoy sí que permitió en regiones como Murcia, pero lejos de salir a las calles a protestar, lo que se hizo fue agudizar el ingenio para convertir un escalón en un trampolín. Así, en vez de ocupar plazas o calles, cambiaron de modelo y optaron por el valor añadido de la producción ecológica, y hoy podemos asegurar que el mayor productor en este campo es precisamente Níjar. Ese valor añadido sirvió para cuadrar las cuentas de unos costes que no eran, ni mucho menos, los soportados por competidores directos. Pero salimos adelante.
En Níjar sufrimos que la misma administración que no concede lo que por derecho corresponde, haga auténticos malabarismos para justificar lo injustificable en lugares como Doñana, donde los pozos ilegales han sido no sólo permitidos, sino que hasta han intentado legalizar verdaderos atentados medioambientales.
En Níjar, por el contrario, se ha protegido un espacio Natural como el Parque Natural de Cabo de GataNíjar para convertirlo en una denominación de origen de facto, hasta el punto de que es el propio agricultor el principal defensor de este entorno. Y aun así ya son cinco años, camino de seis, el tiempo que esperan a que se dicte la resolución final de expediente sobre la transformación del Convenio Regulador suscrito en el año 2000 entre la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar (CUCN) con la Sociedad Estatal ACUSUR, S.A, actualmente ACUAMED, y de los acuerdos adoptados en las Comisiones de Seguimiento de dicho Convenio en concesión de aguas. De ello depende el suministro de recursos por la IDAM de Carboneras a la CUCN en las cantidades establecidas por el Convenio Regulador suscrito.
Este año ya hemos sido testigos de cómo se cerraba el grifo para atender las necesidades de la población turística en el levante almeriense, o esa fue al menos la justificación, pero es precisamente la falta de resolución de ese expediente lo que convierte a Níjar en el pagafantas del desorden de la propia Junta de Andalucía.
Y todo este lío no es más que un ataque frontal y desmedido a un derecho fundamental que también existe en la Constitución Española y que es de especial protección. Se llama dignidad, y la que está en juego es la de los agricultores de la Comarca de Níjar, que son pisoteados una y otra vez por una administración que humilla, que no respeta y que se vale de cortinas de humo para no cumplir con lo básico, que son sus obligaciones para y con los andaluces.
Si (
No(
