Los cinco hermanos propietarios de la finca Hato Blanco Viejo, situada en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), han sido condenados a penas que implican su ingreso en prisión por el expolio de agua en el Parque Nacional de Doñana. La jueza titular del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla ha dictado una sentencia considerada "histórica", imponiendo tres años y medio de cárcel a Ana María, Antonio, Ernesto, Francisco y José María Campos Peña. Estos hechos ocurrieron entre 2008 y 2013.
Durante los últimos años, se ha observado que los latifundistas han recibido sumas considerables de dinero público mediante subvenciones de la Política Agraria Común (PAC). Específicamente, según lo recopilado por lamarea.com, los hermanos Campos Peña han obtenido más de 420.000 euros en los años 2021 y 2022, que son los únicos datos accesibles actualmente a través del Fondo Español de Garantía Agraria, el organismo encargado de administrar estas ayudas en España.
A través de la sociedad Hato Blanco Viejo SL, que cuenta con la participación de todos los hermanos excepto Ana María Campos Peña, se reciben 104.000 euros, según se indica en la sentencia. Aunque esta compañía fue excluida de la acusación por parte de la Fiscalía, ha sido una de las estructuras legales utilizadas por los terratenientes para explotar las tierras. Por otro lado, las demás subvenciones de la PAC son otorgadas individualmente a cada uno de los hermanos. Ernesto Campos Peña es quien recibe la mayor cantidad, con un total de 81.140 euros entre ambos años. Francisco le sigue con 76.400 euros en el mismo periodo. En cuanto a Antonio, ha recibido casi 40.000 euros de ayuda entre 2021 y 2022. Sin embargo, Ana María y José María no recibieron ninguna ayuda en 2021, pero sí en el año siguiente: 65.146,46 euros y 57.773,13 euros respectivamente.
La mayoría de las empresas en las que los hermanos Campos Peña tienen participaciones se dedican a la actividad agrícola o ganadera, pero no se sabe si están relacionadas con la finca Hato Blanco Viejo. Se le ha preguntado al Ministerio de Agricultura si existe la posibilidad de que los terratenientes pierdan este tipo de subvenciones o tengan que devolverlas tras la condena, pero no se ha recibido respuesta. Tampoco se ha obtenido respuesta de los abogados de la defensa, a quienes lamarea.com ha contactado por correo electrónico.
Durante el periodo 2008-2013, los cinco acusados en la finca Hato Blanco Viejo, dedicada al cultivo rotatorio de algodón y arroz, incumplieron deliberadamente las condiciones establecidas por el organismo de la cuenca. A pesar de tener plena conciencia de la protección legal y valor ambiental del espacio de su propiedad en la finca, duplicaron el consumo de agua permitido a través de captaciones ilegales. Como resultado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir inició varios expedientes sancionadores en años anteriores, que finalizaron con cuantiosas sanciones debido a estos abusos. La finca cuenta con una concesión para el riego de 456 hectáreas.
La sentencia afirma que el sistema natural del Parque Nacional de Doñana se encuentra "en grave riesgo" debido a las repetidas acciones ilegales de los latifundistas. Según un informe pericial de la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente, la finca se encuentra en un estado cuantitativo "malo" debido a la afectación directa al acuífero en el que se encuentra. El robo de agua ha sido tan significativo que ha provocado una disminución de hasta 15 metros en el nivel freático del acuífero. Como resultado de los daños causados por los acusados, los terratenientes deberán pagar una indemnización de casi dos millones de euros. Además, los cinco hermanos han sido condenados como coautores directos de un delito contra el medio ambiente y un delito de daños al dominio público.
Escasos días después de que la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía aprobase el dictamen de la proposición de ley que busca legalizar captaciones de agua hasta ahora ilegales en unas 800 hectáreas del entorno del parque nacional, se ha conocido la sentencia. Por el momento, la Junta de Andalucía ha aplazado inesperadamente la aprobación de la norma después de una reunión con Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica en funciones, debido a la presión social, científica y política.
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"La realidad climática de la cuenca del Guadalquivir, que ha experimentado episodios de sequía prolongada durante años, ha llevado a una fuerte crítica hacia la medida adoptada. Desde octubre de 2017 hasta agosto de 2023, se ha registrado escasez de agua en la región el 84,5% de los días para satisfacer todas las necesidades. Estos datos evidencian la presión hídrica que actualmente enfrenta esta zona."
De acuerdo a las investigaciones, se sospecha que existen pozos ilegales en la propiedad de la Casa de Alba.
No es un caso aislado en Doñana el de los hermanos Campos Peña. El pasado miércoles 21 de junio de 2023, una patrulla del Seprona de la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se dirigieron a la finca Aljóbar, ubicada también en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), con el propósito de cerrar provisionalmente ocho pozos que aparentemente están extrayendo agua ilegalmente para el riego de cultivos. Sin embargo, según informaron a lamarea.com, no se les permitió el acceso por parte del propietario. Ante esta situación, solicitaron una orden judicial para poder entrar en los terrenos privados y así tomar las medidas cautelares necesarias para evitar la extracción continua de agua. En octubre, desde la CHG afirman que aún no han recibido la orden para llevar a cabo estas acciones.
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La propiedad de Aljóbar, que pertenece a los herederos de la duquesa de Alba, se dedica al cultivo de naranjas utilizadas en la elaboración de productos gourmet. Actualmente, la gestión de esta finca está a cargo de Eurotecnica Agraria SA, empresa presidida por Eugenia Martínez de Irujo Fitz-James Stuart, hija de la antigua duquesa de Alba. En el consejo de administración también se encuentran sus hermanos Cayetano y Fernando José Martínez de Irujo, así como su sobrino Luis Martínez de Irujo y Hohenlohe-Langenburg, según consta en los registros del Registro Mercantil. Desde 2019, esta sociedad ha recibido más de 210.000 euros en subvenciones públicas a través de 15 ayudas diferentes otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
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